La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la ex candidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi y la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, tienen algo más en común que el hecho de enfrentar imputaciones o acusaciones penales. La misma reflexión puede hacerse respecto de varias exautoridades que han desempeñado altas responsabilidades públicas en nuestra región.

El elemento en común al que me refiero, es que todas estas personas optaron por ser defendidos por la Defensoría Penal Pública.

Esta coincidencia es una contundente demostración de la alta calidad del servicio que brinda la Defensoría Penal Pública en todo el país, y particularmente en nuestra región.

Piense usted cuán inusual resulta, en el Chile de hoy, que una persona con capacidad económica para contratar los mejores servicios privados elija, tratándose de algo tan decisivo como su defensa penal, ser representada por una institución pública.

Sería un profundo error pensar que el servicio que ofrece la Defensoría es una alternativa de segunda categoría frente a los servicios profesionales que ofrecen los abogados y abogadas que ejercen de manera privada su profesión. Como ya indiqué, creo que casos como los referidos al inicio de esta columna son la prueba más fehaciente y contundente de la existencia de una defensa estatal de alta calidad.

Cuando un ciudadano con alta capacidad de pago prefiere la representación del Estado en un proceso penal, está realizando un cálculo estratégico basado en la confianza. Para ser merecedores de tal confianza es indudable que viene en consideración el que los defensores públicos no solo poseen una vasta experiencia en litigación oral, sino que además asisten a audiencias diariamente. Este nivel de especialización y familiaridad con los tribunales, los jueces y las dinámicas procesales es un formidable activo del que gozan los abogados de la Defensoría.

Asimismo, la elección voluntaria de la defensa pública demuestra que la institución cuenta con un soporte estructural y pericial de primer nivel. La Defensoría Penal Pública, a nivel nacional y también en nuestra región de Aysén, dispone de unidades especializadas, convenios con peritos forenses, psicólogos y asistentes sociales, garantizando una prestación de defensa robusta y científica.

En conclusión, la preferencia de los ciudadanos con recursos económicos por la Defensoría Penal Pública es el reconocimiento definitivo a su excelencia técnica, consolidando a dicha institución no como un consuelo para las personas de escasos recursos, sino como un baluarte de justicia efectiva para todos, sin distinción.