El día 10 de marzo de 2001 se publicó en el Diario Oficial la ley 19.718, que dio origen a la Defensoría Penal Pública. Es decir, el martes pasado se cumplieron 25 años desde que nació nuestra institución.

La creación de la Defensoría Penal Pública obedeció a la imperiosa necesidad de que, en el contexto del surgimiento en nuestro país de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal (conocido como "reforma procesal penal") se garantizase de manera efectiva el derecho de defensa de toda persona que fuese imputada o acusada en un proceso penal.

El lograr un real acceso a la defensa penal, elemento indispensable al momento de someter a juicio a una persona, si es que queremos hacerlo en mínimas condiciones de legitimidad, no dejó de ser un cambio radical en la forma de garantizar el efectivo ejercicio de este derecho fundamental. No olvidemos que hasta antes de la reforma procesal penal quien era perseguido por la justicia criminal, si no contaba con los medios para financiar los servicios de un abogado particular sólo tenía, como alternativa de asesoría y representación judicial, aquella que se brindaba, con esfuerzo y vocación de servicio, a través de las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, la que entregaba servicios de defensa penal básicamente a través de egresados(as) de la carrera de derecho quienes, a fin de quedar habilitados para titularse como abogados(as), debían realizar una práctica profesional gratuita durante seis meses.

Es decir, hasta hace 25 años atrás quien no podía costear a un abogado particular se defendía en los procesos penales a través de un egresado de derecho, por lo tanto, no abogado, quien con las mejores intenciones pero con cero experiencia, formaba a través de estas defensas penales sus primeras experiencias profesionales.

Cuan distinto es el escenario hoy en Chile. Actualmente, a través de la Defensoría Penal Pública, quien no puede solventar los gastos de una defensa privada, recibe a lo largo de todo el país y de manera transversal, sin excepción, un servicio de defensa entregada por abogados titulados, la gran mayoría de los cuales presenta una extensa experiencia en el ámbito de la justicia penal.

A un cuarto de siglo de iniciado el nuevo sistema de justicia penal en Chile podemos, por cierto, discutir en torno a sus aciertos y falencias. Se puede ser más o menos crítico en torno a la adopción que se hizo en nuestro país de un sistema de justicia adversarial y caracterizado por la oralidad de sus audiencias. 

Lo que no parece posible poner en duda es que, en torno al derecho a la defensa, y su garantía de efectivo respeto, la verdadera revolución introducida 25 años atrás fue un cambio del todo necesario y la existencia, mantención y progresivo fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública constituye la base indispensable y mínima para que podamos, con real asidero, sostener que en nuestro sistema de justicia penal se respeta lo más básico de toda persona acusada: el derecho a poder defenderse.