Hospital Regional Coyhaique, -
En Chile, el reconocimiento de las infancias y adolescencias ha sido un camino en el que el Estado, por acción u omisión, ha contribuido a profundizar las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes (NNA).
En 1990 Chile ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2005, los Tribunales de Familia reemplazan a los de Menores; en 2018 se publica la Ley de Identidad de Género, que reconoce este derecho en adolescentes; y en 2021, la Ley Mila garantiza el acompañamiento durante las atenciones de salud. Recién en 2022, tras 32 años de espera, la Ley N.º 21.430 establece un Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos. Ese mismo año se prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, en una discusión legislativa no exenta de polémicas.
¿Qué sucede en el Hospital Regional Coyhaique (HRC)? Próximo a cumplir 90 años de historia, nuestro establecimiento ha enfrentado el aislamiento territorial y las limitaciones de infraestructura con el compromiso de responder a las necesidades sanitarias de la región. Sin embargo, ¿cuánto tiempo debió transcurrir para institucionalizar una estrategia de protección de los derechos de NNA?
En 2023, a partir de los compromisos de gestión del Ministerio de Salud, se impulsa la implementación de los Comités de Protección de Infancia y Adolescencia (CPIA). En nuestro hospital, un equipo interdisciplinario analiza casos y orienta a los equipos clínicos. A finales de 2024 se aprueba, mediante resolución exenta, el protocolo institucional de detección y abordaje de vulneraciones de derechos. ¿Son avances significativos? Sin duda, pero insuficientes.
¿Qué sucede con la detección oportuna? El protocolo aún es desconocido por algunos equipos. Más preocupante es que persistan la normalización del maltrato, el temor a eventuales repercusiones y la percepción de que denunciar depende de la voluntad individual. Proteger no es una acción voluntaria: es una responsabilidad legal, ética y profesional.
La deuda persiste. Desde hace años se plantea la creación de una Unidad de Protección de Infancia y Adolescencia, con psiquiatría infantojuvenil y una dupla psicosocial dedicada a la intervención y al acompañamiento durante las hospitalizaciones. Asimismo, se requiere un cargo de gestión clínico-social que permita identificar brechas, fortalecer la coordinación intersectorial, monitorear las estrategias de protección y promover mejoras continuas. ¿Por qué no proyectar al HRC como referente sur austral en esta materia?
No basta con reconocer que los NNA son sujetos de derechos. Urge constituirnos efectivamente como garantes de ellos, independientemente de nuestras funciones, disciplinas o estamentos dentro de la salud pública.



























