El martes 26 de diciembre, vecinos del sector Coyhaique Bajo denunciaron, vía redes sociales, malos olores y turbiedad en el agua del río Coyhaique a la altura del kilómetro 12.

Felipe Vidal, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, contó a diario El Divisadero que la denuncia se realizó oficialmente al mediodía el jueves 28 de diciembre y que los fiscalizadores ya realizaron una primera inspección en terreno. Sin embargo, el personal que fue al lugar no pudo ingresar al sitio indicado, pero desde una parcela colindante se observó que había una especie de zanja cerca de la ribera del río con lo que podrían ser restos de aguas servidas.

"Este terreno aparentemente es de propiedad de una persona que tiene una empresa de camiones limpia fosas. Los camiones limpia-fosas son los camiones que limpian las fosas sépticas de los sistemas de alcantarillado particular. Pero una vez que hacen esa labor ellos tienen que hacer la descarga en plantas de tratamiento de aguas servidas concesionadas", agregó Vidal. 

Los fiscalizadores continuarán la próxima semana con las pericias para determinar si efectivamente se realizó una descarga de aguas servidas en este lugar no autorizado, que, en este caso, sería esta zanja o eventualmente directo al río.

Desde hasta 1.000 UTM podría ser la multa si es que se trata de una transgresión del código sanitario, indicó Vidal.

La Superintendencia de Medio Ambiente también fue consultada sobre esta denuncia. Óscar Leal, jefe regional de esta entidad, explicó que este caso escapa de la competencia de la superintendencia, "la denuncia en general pone de manifiesto o se refiere a un riesgo sanitario más que ambiental, porque lo que se está diciendo, según las condiciones que yo vi en redes, se está poniendo en riesgo la salud de las personas que podrían tomar agua o conectadas al APR del sector", señaló. 

"La Superintendencia de Medio Ambiente solo tiene competencias para fiscalizar y sancionar en base a lo que nosotros llamamos los instrumentos de gestión ambiental. Eso quiere decir que nosotros podemos fiscalizar y sancionar cuando hay una resolución de calificación ambiental asociada a actividades industriales o actividades mayores o cuando hay una norma de emisión, o algún plan de descontaminación o algún programa de reparación o algún programa de cumplimiento. En este caso, no identificamos ninguno de esos instrumentos asociados a esta situación. Aquí quien tiene las competencias para fiscalizar y eventualmente sancionar es la Seremi de Salud, porque es la que autoriza estas soluciones que se llaman soluciones particulares de tratamiento de aguas servidas", agregó.

También explicó que "la única descarga que nosotros tenemos identificada de aguas servidas tratadas podría corresponder al tratamiento de aguas servidas del regimiento de Las Bandurrias, pero entiendo que esa afluente se encuentra bastante más arriba que la denuncia que se está recibiendo".

En la empresa Aguas Patagonia también se enteraron de esta denuncia pública que realizaron vecinos del sector, sin embargo, explican que no está relacionada a la actividad que ellos desarrollan.

Así lo señaló el gerente de Asuntos Corporativos, Claudio Sanhueza al diario El Divisadero. "En este caso nosotros no tenemos ninguna instalación ni nuestro sistema de recolección de alcantarillado ni de tratamiento de aguas servidas está asociado a esta ubicación".

Sanhueza sí aprovechó la oportunidad de señalar que es necesario que exista una preocupación comunitaria y que los mismos vecinos sean quienes supervisen el cuidado del río, especialmente en sectores donde se ha ido poblando con nuevas viviendas como ocurre en Coyhaique Bajo. "Muchas veces son los mismos vecinos o personas que usan el río y no tienen el cuidado de mantenerlo limpio", agregó Sanhueza.

Para denunciar este tipo de situaciones se puede contactar a la Seremi de Salud presencialmente en sus oficinas o a través de la página web en la sección OIRS en línea (Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias).