La diputada por la Región de Aysén, Marcia Raphael Mora, votó favorablemente el proyecto de ley que introduce modificaciones a la normativa de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esta iniciativa busca dotar al sistema de mayores herramientas para mejorar la planificación, administración y respuesta ante las necesidades de los establecimientos educacionales. Durante su intervención en la sala, la parlamentaria destacó que el objetivo central es consolidar un sistema que funcione correctamente, priorizando siempre a los estudiantes, las comunidades educativas y los diversos territorios del país.

La legisladora recordó que, si bien la Ley N° 21.040 representó un cambio estructural necesario, su puesta en marcha ha revelado vacíos normativos y rigideces administrativas que han afectado la confianza de las comunidades. En este sentido, Raphael subrayó que las nuevas modificaciones pretenden fortalecer la capacidad de gestión y establecer mecanismos de acompañamiento más claros, permitiendo que el Estado actúe con la flexibilidad y el realismo que exigen las distintas regiones.

Uno de los hitos más significativos de esta aprobación para la zona es el reconocimiento de la asignación de zona para los asistentes de la educación, una demanda histórica en los territorios extremos. La diputada enfatizó que este logro es fruto de un trabajo constante y conjunto, realizado con las asociaciones y dirigentes de la región, a quienes se les reconoce su rol como pilar fundamental del sistema educativo. Según la parlamentaria, este avance permite hacerse cargo de las particularidades territoriales de Aysén, garantizando derechos laborales largamente esperados.

Finalmente, la representante regional puntualizó que estos ajustes legislativos son esenciales para resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, evitando interrupciones en el servicio educativo por problemas de gestión. La normativa también pone énfasis en el cumplimiento de pagos previsionales y en el uso eficiente de los recursos públicos, asegurando que el fortalecimiento de la educación pública no descuide las garantías laborales de sus funcionarios, ni la continuidad de los proyectos educativos en la región.