Paula Betancour Zambrano, Periodista
Una inversión destinada a mejorar la actividad avícola de pequeños agricultores de Coyhaique terminó transformándose en una crisis sanitaria y económica tras la muerte de unas 100 gallinas, las cuales fueron adquiridas por un privado con cofinanciamiento estatal.
A través de un programa del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), pequeños productores beneficiarios terminaron denunciando la entrega de aves enfermas, que derivó en su mortalidad y una fuerte caída en la producción de huevos. La bronquitis infecciosa fue confirmada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mientras las autoridades reconocen que todavía no existe un balance definitivo de las pérdidas.
Detrás de las cifras hay historias como la de Melchor Cadagán, pequeño productor que llevaba cerca de dos años desarrollando su emprendimiento avícola y que asegura haber perdido casi todo el trabajo realizado durante ese período.
Según relató, compró pollitas de cuatro semanas al proveedor regional, pagando $800 mil al contado. Era un negocio seguro, debido a que la avícola ubicada camino al sector El Claro cuenta con la trayectoria y no dudó.
Sin embargo, al recibirlas la misma noche murió una y luego toda la compra.
"Cuando me las entregó , ya venían algunas medias tristes, pero pensé yo que era por el viaje", recordó el agricultor, quien observó dificultades respiratorias, inflamación ocular y una rápida propagación de la enfermedad.
Cadagán asegura que las pérdidas en su plantel llegaron a 86 aves y que la producción diaria de huevos, principal fuente de ingresos de su actividad, sufrió una drástica disminución.
"Yo, de 80, 90 huevos que recogía a diario (...) he llegado a recoger 10 huevos", relató.
El perjuicio no se limita al dinero invertido en la compra. También considera la pérdida de animales que ya producían, los ingresos que dejará de recibir y el tiempo necesario para recuperar su capacidad productiva.
"A nosotros nos afectó mucho, no solamente económica, sino emocionalmente (...) dos años de esfuerzo y en 10 días quedé en nada", lamentó el productor.
Una compra cuestionada y recursos públicos comprometidos
Otra de las afectadas es Carmen Fierro, agricultora del sector Santa Elena y usuaria de INDAP, quien cuestionó las condiciones de la compra incluso antes de recibir los animales.
Su proyecto consideraba mejoras en infraestructura y la adquisición de 30 aves. Sin embargo, al revisar los antecedentes advirtió que se contemplaba pagar $20 mil por cada pollita de 6 semanas, pero las que recibió eran de 4, por tanto cuestionó de inmediato el valor que consideró excesivo frente a las características de los ejemplares ofrecidos.
"Porque en el fondo la plata es de todos los chilenos. Entonces no corresponde que esos 20.000 pesos se vayan a embolsillar a una persona que está cobrando demasiado caro", cuestionó.
La productora relató que recibió las aves en cajas de fruta, con un muy mal trato de parte del proveedor, quien le privó de seleccionarlas previamente. Tres murieron durante los días siguientes, situación que la llevó a solicitar antecedentes sanitarios y finalmente devolver las 27 aves restantes.
Ambos productores hicieron lo correcto desde su conocimiento. Melchor, de inmediato, se comunicó con su asesor de Indap, a quien le relató los hechos e indicó que haría la denuncia al SAG. Por su lado, Carmen, tras sostener las mismas conversaciones con el consultor de la institución, decidió contactar al proveedor y devolverle la totalidad de las aves.
Ambos coinciden en que el trato de parte del privado no fue el correcto, que no hubo empatía y que incluso les recriminó no saber cuidar las aves.
SAG reconoció dificultades para ingresar a predios del proveedor
Tras recibir una denuncia por aves enfermas, el SAG efectuó visitas y tomó muestras, descartando influenza aviar y confirmando bronquitis infecciosa, una enfermedad que afecta a las aves y no se transmite a las personas.
El director regional del organismo, Óscar Videla, explicó que las diligencias también buscaron establecer la presencia de animales relacionados con el lote en otros predios e incluyeron gestiones con la región de origen de las aves, provenientes de Paine.
Sin embargo, uno de los aspectos más delicados del caso es la dificultad para inspeccionar completamente las instalaciones del proveedor regional, "No hemos tenido colaboración activa del proveedor", reconoció Videla, quien confirmó que el organismo logró acceder sólo parcialmente a los recintos.
El director explicó que las restricciones legales para ingresar a determinados espacios han dificultado las diligencias y que se ha trabajado en coordinación con Carabineros.
La autoridad agregó que tampoco habían logrado tomar muestras de las aves existentes en los predios del proveedor, aunque se estableció una restricción de movimiento que impide trasladar o vender las aves comprendidas en la medida.
El organismo precisó que, al tratarse de una enfermedad endémica y no de influenza aviar, no corresponde aplicar el mismo régimen de medidas sanitarias obligatorias. Asimismo, recomendó mantener medidas de bioseguridad y separar temporalmente las aves nuevas de los planteles existentes.
INDAP defiende procedimiento, pero reconoce que no supervisa la entrega
La directora regional de INDAP, Josefina Domínguez, explicó que las inversiones se realizan mediante proyectos individuales y que los recursos se anticipan a los agricultores, quienes efectúan directamente las compras al proveedor.
Según detalló, la adquisición de pollitas representó aproximadamente $4 millones dentro de un conjunto de proyectos superiores a $13 millones, que también contemplaba infraestructura y equipamiento.
En este caso, fueron 180 pollitas destinadas a usuarios del programa de asesoría técnica avícola en donde el productor pagaba $2 mil pesos por ave y el Indap financiaba el resto que correspondía a 18 mil pesos.
Domínguez aseguró que se revisaron los antecedentes y certificaciones correspondientes, y que los proyectos afectados todavía no han sido liquidados administrativamente.
Al abordar los cuestionamientos, la directora reconoció una limitación del procedimiento: "Yo como INDAP no superviso la entrega, porque la compra es entre privados, entre un proveedor y un agricultor".
La autoridad sostuvo que, cuando los productos entregados no cumplen con lo comprometido, corresponde inicialmente al proveedor responder por las anomalías.
Minagri promete apoyo, pero no confirma compensaciones
Desde la Seremi de Agricultura, encabezada por Yordy Cea, se insistió en que las instituciones actuaron conforme a los procedimientos establecidos y que los productores recibirán acompañamiento.
"Nosotros a los productores no los vamos a dejar solos", afirmó la autoridad, anunciando una reunión para el miércoles 25 de noviembre, destinada a evaluar los daños y conocer la magnitud de las pérdidas.
Sin embargo, al ser consultado por una eventual compensación económica, el seremi aclaró que el Ministerio no ha comprometido indemnizaciones.
"Nosotros no podemos compensar porque no hemos sido nosotros los que hemos generado el perjuicio", sostuvo, aunque dejó abierta la posibilidad de buscar mecanismos de colaboración para los agricultores afectados.
En cuanto a recomendar al proveedor, señaló que no es de pertinencia del servicio, aunque reiteró que mientras no esté subsanada la situación, se ha emitido una orden de suspensión de dicho negocio, es decir, no puede ni trasladar ni vender las aves.
¿Apoyo a la agricultura familiar campesina?
Sin duda, este caso pone en evidencia que el mecanismo del financiamiento público, la ejecución privada de las compras y el control efectivo de los bienes adquiridos, siempre puede mejorarse ante situaciones como la vivida con estos pequeños agricultores de la comuna de Coyhaique.
Las pérdidas no pueden medirse únicamente por el valor de cada gallina, que finalmente es subsidiada por el Estado en un 80%. Para quienes dependen de la venta diaria de huevos, la disminución significa perder ingresos presentes y futuros, además de comprometer recursos necesarios para mantener una actividad muy usual de la agricultura familiar campesina de Aysén.
Por ahora, el trabajo está concentrado en determinar qué ocurrió, establecer eventuales responsabilidades y evaluar si los actuales mecanismos de supervisión son suficientes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.



























