El reciente caso detectado en un establecimiento educacional de Coyhaique volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda, pero imposible de ignorar: las drogas están presentes en los entornos escolares. Más allá de las cantidades involucradas o del tipo de sustancia, lo verdaderamente relevante es asumir que este fenómeno existe y que afecta también a la Región de Aysén.

Durante años hemos tendido a pensar que problemas de esta naturaleza pertenecen a las grandes ciudades o a territorios con mayores niveles de población. Sin embargo, la evidencia muestra que nuestra región no está al margen de una problemática que atraviesa al país completo. Guardando las proporciones, el consumo y circulación de drogas en establecimientos educacionales es una realidad que también alcanza a nuestras comunidades.

El riesgo más grande no es reconocer el problema. El verdadero peligro es negarlo. Pensar que en nuestros colegios no circulan drogas porque vivimos en una región pequeña o porque aún mantenemos ciertos niveles de cohesión social sería un error grave. La realidad está diciendo otra cosa y cerrar los ojos frente a ella solo contribuye a que avance sin control.

La prevención no puede limitarse al espacio escolar. Si queremos enfrentar esta situación de manera efectiva, el trabajo debe comenzar mucho antes, en el entorno familiar. Es allí donde se forman hábitos, se fortalecen valores y se construyen redes de confianza capaces de detectar señales tempranas. Ninguna estrategia pública tendrá resultados suficientes si no existe un compromiso activo de padres, madres y cuidadores.

Pero tampoco corresponde trasladar toda la responsabilidad a las familias. Este es un desafío colectivo. Los establecimientos educacionales, los organismos públicos, los municipios, las organizaciones comunitarias y las propias familias deben asumir que estamos frente a un problema que requiere coordinación y acción permanente.

Por eso resulta necesario que las autoridades sectoriales aborden esta materia con mayor decisión. No se trata de generar alarmismo ni de estigmatizar a las comunidades educativas. Se trata de reconocer una realidad y actuar en consecuencia. Aysén necesita una estrategia regional de prevención que considere sus particularidades territoriales y que permita anticiparse antes de que el problema alcance dimensiones más complejas.

Todavía estamos a tiempo. Pero el tiempo para actuar es ahora. La protección de niños, niñas y adolescentes no puede depender de la negación ni de la esperanza de que estos hechos sean excepcionales. Cuando las drogas ingresan a los espacios educativos, lo que está en juego no es solamente la seguridad de una comunidad escolar. Lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para cuidar a sus futuras generaciones.