Educación Técnico-Profesional: El Chile que promete futuro, pero forma para el pasado

En Chile repetimos hasta el cansancio que la educación es la llave del desarrollo. Pero cuando se trata de la educación técnico-profesional (ETP), la llave no abre ninguna puerta: abre un muro. Más del 40% de los estudiantes de enseñanza media opta por esta modalidad (Mineduc, 2023), pero el Estado la financia como si fuera un apéndice, las empresas la miran como un trámite, y la política pública la mantiene en el último vagón del tren educativo. ¿Cómo pretendemos hablar de innovación cuando nuestros liceos técnicos siguen enseñando con tecnología del siglo pasado?

Mientras Alemania y Corea del Sur consolidan modelos duales, articulando escuelas y empresas para formar talento con pertinencia y empleabilidad, Chile se pierde en diagnósticos y programas piloto que nunca escalan. La OCDE (2023) lo dijo sin anestesia: "Los sistemas que vinculan la formación técnica con la industria son los que logran mayor productividad e innovación". Y nosotros, ¿qué hacemos? Talleres oxidados, planes curriculares que tardan años en actualizarse y docentes que, en un 33%, no tienen ni siquiera título pedagógico (Agencia de Calidad, 2024).

Todo esto mientras la economía exige técnicos en automatización, IA, ciberseguridad, electromovilidad y energías limpias. No es discurso, es realidad: miles de empleos están mutando y otros desapareciendo. La UNESCO (2022) lo advirtió: "La reconversión y la actualización tecnológica no son opcionales, son una urgencia educativa". Pero Chile responde con la misma receta: más subvención por asistencia. ¿De verdad creemos que eso basta para instalar laboratorios de robótica o softwares industriales de última generación?

La ausencia de una política nacional robusta de educación dual es un síntoma de algo más grave: la desconexión estructural entre el sistema educativo y el desarrollo productivo del país. Las empresas reclaman falta de capital humano, pero se mantienen como espectadoras. El Estado diseña planes, pero sin presupuesto real ni obligatoriedad. ¿Quién asume la responsabilidad cuando formamos para trabajos que ya no existen?

Es hora de decirlo con todas sus letras: la educación técnico-profesional no es un problema escolar, es un problema de competitividad nacional. Y las soluciones son conocidas, pero requieren coraje político:

Hacer de la educación dual una política nacional obligatoria, articulada con sectores estratégicos.

Invertir más allá de la subvención, destinando fondos especiales para infraestructura tecnológica y formación docente en competencias digitales.

Construir un ecosistema Estado-empresa-escuela, donde las compañías asuman un rol activo, invirtiendo en talento porque es su propio futuro el que está en juego.

¿Cuánto más vamos a esperar? Cada año que Chile posterga esta transformación, aumenta la brecha con los países que ya entendieron que la educación técnica no es marginal, sino la columna vertebral del desarrollo económico. El futuro no está por venir: ya está aquí, y no va a esperarnos.