El 4 de marzo comenzaron las clases en gran parte del país, un par de días después las escuelas penitenciarias comienzan a hacer lo propio, y es que el derecho a la educación lejos de estar restringido, debe estar garantizado por los sistemas penitenciarios, enmarcado en lo que nosotros llamamos las Prestaciones de Garantía de Derechos.

En nuestro país el Ministerio de Justicia y DDHH a través de su Norma Técnica para el Sistema Cerrado ha determinado la oferta de Prestaciones de Garantía de Derechos para las personas privadas de libertad, de acuerdo a la constitución, las leyes y tratados internacionales suscritos por Chile en materia de DDHH. Estas prestaciones tienen un alcance universal, están dirigidas a la totalidad de la población privada de libertad que de manera voluntaria desee participar y su objetivo se orienta principalmente a reducir los efectos del encarcelamiento en diversas esferas del ámbito individual y social, lo que también favorece la reducción de la reincidencia delictual, objetivo en el que se enfoca la labor técnica en materia de reinserción social.

La prestación educacional, que es a la que nos referiremos en concreto en esta ocasión, tiene como objetivo que las personas puedan iniciar, continuar y/o concluir sus estudios mientras se encuentran recluidas a través de los establecimientos educacionales, que a su vez, se rigen por las directrices técnicas del Ministerio de Educación. En el caso de nuestra región, existen escuelas penitenciarias tanto en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de  Coyhaique como en el Centro de Detención Preventiva Puerto Aysén, educación básica y media en el primer caso, solo educación media en el segundo, ambas dependientes del Servicio Local de Educación, más conocido como Slep.

Para las unidades en que no contamos con escuela penitenciaria como los Centros de Detención Preventiva de Chile Chico y Cochrane o el CET Valle Verde existe un mecanismo denominado Validación de Estudios, también disponible en Aysén y Coyhaique por cierto, que permite a las personas mayores de 18 años, certificar niveles educativos, ya sea de enseñanza básica o media, a través de la rendición de exámenes libres mediante la participación de un organismo externo.

La Educación Básica entregada en las escuelas penales se orienta hacia la formación integral de las personas, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades que les permiten continuar el proceso educativo formal. Por su parte la Educación Media pretende que cada persona expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, por s puesto completar la enseñanza media permite continuar el proceso educativo formal a través de la educación superior o incorporación a la vida del trabajo.

Evidentemente, para la incorporación a la vida del trabajo también se realiza actividad laboral al interior de nuestras unidades penales, las personas privadas de libertad pueden desempeñarse en distintos oficios y bajo distintas modalidades, también se les capacita formalmente en estos y otros oficios para que apoyen a sus familias y puedan reinsertarse a la actividad laboral cuando regresen al medio libre, materia en la que probablemente ahondaremos en otra columna más adelante.