La Ley de Presupuestos 2026 impone recortes de personal en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) sin contar con criterios que definan las dotaciones necesarias para cumplir su mandato educativo. El riesgo es evidente: despidos masivos que debilitan la educación pública.

La llamada "sobredotación" se ha instalado en el debate político como hecho incuestionable. El proyecto obliga a ajustar el personal antes del inicio del año escolar, bajo amenaza de destitución para los directores de SLEP que superen los límites de la glosa presupuestaria. Pero no hay estudios que determinen cuántos ni qué tipo de trabajadores se requieren para cumplir con los objetivos y tareas que impone la Ley 21.040.

Es cierto. Como documentó Contraloría (2022), en los traspasos, los municipios cargaron personal sin evaluación ni planificación. Sin embargo, el problema es más profundo. Los SLEP operan bajo un financiamiento basado en matrícula y asistencia, conocido como modelo voucher. En base a esto se calcula su presupuesto, respondiendo más a una lógica de mercado, que de función pública. A esto se suman rigideces que no enfrentan los privados subvencionados. 

Por ejemplo, cuando un funcionario tiene licencia médica, el subsidio estatal no retorna al SLEP, sino que queda en Tesorería de la República. Así, incluso los reemplazos cuentan como aumento de dotación. Esto no está en el cálculo ni de la Ley de Presupuesto, ni de los varios informes que dicen que "hay sobredotación". Tampoco se calcula qué es hacer educación pública. 

Los datos muestran que los SLEP hacen un trabajo significativamente más complejo que el resto del sistema: el 73% de sus estudiantes proviene de hogares vulnerables (vs. 38% en escuelas privadas subvencionadas); el 14% son migrantes (vs. 5,6%); y el 21% tiene necesidades educativas especiales (vs. 9%). 

Es con estas cifras que los SLEP y sus escuelas hacen el trabajo que la Ley les mandata: asegurar procesos de aprendizaje inclusivos que promuevan equidad. Estudios dotacionales internacionales insisten que, en contextos de alta complejidad, se requieren aulas con menos alumnos y apoyo profesional permanente. Es decir, más profesores y asistentes de educación. Nuestros estudios confirman que, junto a excesos de trabajadores heredados de los municipios, existe una falta crítica de personal clave para enfrentar la realidad cotidiana. La Ley de Presupuestos mandata reducir 75 mil horas docentes y eliminar 3.200 cargos de asistentes de educación, sin criterio, ni estudio dotacional. Con ello el Estado vuelve a debilitar la Educación Pública con normas que no consideran el trabajo que hace: educación para la inclusión justamente de aquellos con quienes más hay que trabajar. Hay que corregir esto, pues, en ello, se juego el futuro, no solo de los SLEP, sino del País.