Cuando el diputado Miguel Ángel Calisto afirma que "el aborto no es un tema exclusivo de las mujeres", no solo desinforma: despolitiza lo que es, en esencia, una lucha feminista, regional y de clases. Su frase no es una opinión neutral, es una estrategia de borrado: negar que somos las mujeres y personas gestantes quienes ponemos el cuerpo, la vida, y la libertad ante cada embarazo no deseado. 

Es borrar que la maternidad forzada es una forma de violencia institucional. Es ignorar que las leyes restrictivas han golpeado siempre con más fuerza a quienes menos tienen: las pobres, las que viven en zonas rurales, las que no pueden pagar una clínica privada o un viaje al extranjero, o sin ir más lejos, a Santiago. 

El aborto sí es un tema de mujeres. Pero también es un tema de clase y de territorio. 

En regiones como Aysén, donde el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es limitado o inexistente, el derecho al aborto es casi una ficción. Ni siquiera las tres causales garantizan acceso real cuando faltan especialistas, o éstos(as) son objetores de conciencia, infraestructura. Lo que para algunas es un derecho, para otras sigue siendo un riesgo de cárcel, de muerte o de maternidad impuesta. 

Por otra parte, el centralismo también impone maternidad forzada. 

Es profundamente deshonesto hablar del "derecho a la vida" mientras se niega la vida digna, autónoma y libre de quienes deciden no ser madres. No hay vida que se valore si se construye sobre la negación de los derechos ajenos. Usar el argumento del "derecho a la vida" como excusa para criminalizar el aborto no es una postura ética: es una imposición ideológica que desconoce que la vida no se protege obligando a niñas y mujeres a parir contra su voluntad. El aborto no puede ser visto y discutido como una batalla moral, urge que sea visto y discutido como lo que es, una política pública, los abortos suceden y tenemos que garantizar como estado atención y acompañamiento. 

No podemos pretender que habiendo personas en desacuerdo van a dejar de existir abortos clandestinos y no tomar conciencia de esta realidad, es solo una muestra más de lo desconectados que están algunos parlamentarios de lo que viven a quienes dicen representar.

Comentar que el aborto "no es prioridad" porque hay escándalos políticos, como afirma el diputado Calisto, es repetir el mismo argumento que se usó contra el voto femenino, el divorcio o el matrimonio igualitario. Siempre se nos dijo que había cosas más urgentes. Pero para quienes están siendo violentadas, criminalizadas y abandonadas por el Estado, no hay derechos más urgentes que los que se les niegan. 

Reducir el debate del aborto a una batalla moral y excluir a la Comisión de Mujer y Equidad de Género es borrar la lucha feminista que ha empujado esta agenda durante décadas. Es negar que las muertes por aborto inseguro siguen ocurriendo. Es permitir que los sectores conservadores decidan sobre los cuerpos ajenos, como si fuéramos ciudadanas de segunda. 

Una ley robusta de aborto, sin causales ni permisos, no impone nada: solo garantiza el derecho a decidir. Nadie obliga a abortar, pero hoy se obliga a parir. Y eso sí es violencia. Una legislación justa acabaría con la desigualdad entre quienes pueden pagar y abortar en silencio, y quienes deben arriesgarlo todo: salud, trabajo, familia y hasta la libertad. 

Si el Congresista quiere llamarse democrático, debe legislar para todas, debe cumplir su mandato constitucional. Porque mientras no se garantice esa libertad, no hay democracia plena ni justicia social. 

El aborto sí es un tema de mujeres. Y quien lo niegue, niega también nuestro derecho a existir como ciudadanas libres, plenas, diversas y dueñas de nuestro destino.