Los dilemas que han generado en las sociedades actuales el acceso masivo a sistemas de comunicación han sido bastante documentados.  El Gran Hermano ya no es sólo el Estado totalitario, son las corporaciones tecnológicas, la madre, el esposo, el vecino.  Incluso el desconocido.  Todos, con un mínimo de habilidad digital, pueden tener acceso a muchas de mis acciones y dichos, y opinar al respecto.

Y eso, lo que se veía como la democratización de las tecnologías, hoy presenta múltiples inconvenientes.

Algunos países ya han tomado cartas en una parte de este asunto, en lo que se refiere esencialmente a la protección de la infancia y juventud.  Australia, dentro de los países occidentales, está a la vanguardia, restringiendo el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, mediante mecanismos que certifiquen la edad para la creación de perfiles válidos.  Similar senda están siguiendo Francia, Reino Unido, Dinamarca, España, Grecia, Alemania y algunos territorios de Estados Unidos.

Hoy se suma Chile. 

Así lo dio a entender la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, durante un seminario en la Universidad de Los Andes.  "El hecho de que en Chile tengamos Clave Única desde el Estado puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la app store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido", señaló recientemente la autoridad.

Más allá de la discusión sobre el mecanismo, que los hay de variado tipo, el acceso a las redes sociales por parte de niños y adolescentes se engloba en una reflexión mayor, vinculada a la libertad.  A sus límites, más precisamente.  Un debate inmemorial y que ha sido parte de las proclamas de las últimas contiendas electorales que permitieron a este gobierno llegar a La Moneda.

Cuando el gobierno de Gabriel Boric planteó la necesidad de abordar el uso y abuso de las redes sociales, en el contexto de un sistema de desinformación y manipulación, fue acusado de querer atentar contra la libertad de expresión.  Tanto así que parlamentarios de Chile Vamos (RN, UDI, Evopoli), el Partido Republicano y Demócratas, hoy en el gobierno, aprobaron un proyecto de acuerdo para llevar la Comisión Asesora Presidencial contra la Desinformación al Tribunal Constitucional.  En aquella ocasión Ximena Rincón, actual ministra de Energía por Demócratas, señaló que "cuando perdemos espacio en la libertad de expresión tambalea la democracia".

Y fue así como prefirieron restarse de la discusión.  Algo conveniente, a la luz de los comprobados ataques orquestados contra los adversarios políticos del actual Presidente.

En esa época se pudo abrir pluralmente el debate sobre las tecnologías de la información y sus efectos sobre la sociedad, incluidas la infancia y juventud.  

Uno de los problemas ha sido confundir libertad de expresión con un supuesto derecho a difamar, injuriar, mentir, calumniar.  Afortunadamente, los tribunales están tomando nota de los nuevos desafíos, haciéndose cargo de lo que la política no ha querido abordar en propiedad.

Un ejemplo es lo que se ha conocido en los últimos días, en que un ex candidato a senador de Aysén por el Partido Social Cristiano fue obligado a eliminar de sus redes sociales imputaciones falsas sobre dirigentes socioambientales.

Porque no es lo mismo hablar de libertad en soledad, que hacerlo cuando se forma parte de la sociedad.