En el trabajo policial, uno de los desafíos más delicados, y a veces menos visibles, es evitar que quienes ya han sufrido un delito violento vuelvan a ser dañados por el propio sistema que debería protegerlos. La victimización secundaria no es un concepto técnico reservado a las instituciones que conforman el ecosistema de persecución penal, sino que es un fenómeno real, capaz de quebrar la confianza institucional, distorsionar testimonios y, en definitiva, debilitar el sistema de justicia.

La Ley N°21.057, que regula las entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, desde su promulgación en el año 2018, impulsó un cambio profundo en la forma en que el Estado recoge información sensible. Por tanto, definió la cantidad de entrevistas, asegurando la intervención de entrevistadores acreditados y garantizando espacios adecuados para que los niños, niñas y adolescentes se sientan escuchados y a resguardo de los hechos de los cuales han sido víctimas, entregándoles seguridad y privacidad durante todo el proceso penal. Es en este contexto que el legislador entendió algo esencial, la protección de la víctima es inseparable de la calidad de la investigación.

Este enfoque se profundizó a fines del año 2022 con la promulgación de la Ley N°21.523, que amplía la obligación de prevenir la victimización secundaria a todas las víctimas, sin importar edad, delito o etapa procesal. La normativa obliga a todas las instituciones del Estado, ya sea policiales, de persecución penal, judiciales, entre otras, a adoptar prácticas que aseguren un trato digno, información clara, acompañamiento adecuado y coordinación efectiva. En ese sentido, el Estado debe hacerse responsable de cumplir esta norma y de preocuparse de la capacitación de sus funcionarios en estos términos, a fin de entender la premisa que ninguna persona puede ser victimizada en ninguna etapa del proceso en el cual se ve involucrada.

En la Policía de Investigaciones de Chile, este compromiso no comienza en los complejos policiales con la atención de público, sino en la formación inicial de nuestros detectives. Desde la Escuela de Investigaciones Policiales, el plan de estudios incorpora asignaturas específicas sobre victimización secundaria, violencia de género, trato a víctimas vulnerables y entrevista investigativa videograbada. Este enfoque pedagógico temprano permite que los futuros detectives comprendan el impacto del trauma, desarrollen habilidades comunicativas adecuadas y adopten una mirada ética y humana respecto del rol policial. No se trata solo de aprender técnicas, sino de internalizar un principio rector, la víctima es un ser humano que merece protección integral.

Justamente, la labor investigativa que realiza la Policía Investigaciones de Chile, se encuentra hoy frente a un estándar más alto y más exigente por parte de la ciudadanía. Ya no basta con investigar bien; debemos hacerlo sin causar daño. Cada entrevista, cada orientación, cada procedimiento dentro de un proceso investigativo, es una oportunidad para reparar confianza, validar emociones y demostrar que la institución actúa con profesionalismo y humanidad, resguardando los derechos y la integridad de las personas. Por eso, quisiera recalcar que nuestro compromiso como PDI, especialmente, desde la especialidad en la investigación de delitos sexuales, radica en la protección y el resguardo como eje central para reducir los daños que puede sufrir una víctima durante su interacción con el sistema de justicia penal.

En tiempos en que la legitimidad de las instituciones se evalúa con creciente rigor, la manera en que tratamos a las víctimas se convierte en un indicador inequívoco de credibilidad. Prevenir la victimización secundaria, respaldada por la Ley N°21.057, fortalecida por la Ley N°21.523 e integrada a la formación policial, no es un complemento del trabajo investigativo, mas bien es una condición indispensable para que la justicia sea verdaderamente justa.