Los últimos años han demostrado que ni la geografía ni el aislamiento bastan para detener la amenaza del crimen organizado. Lo que antes parecía un fenómeno lejano hoy está más cerca.

El reciente Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, entrega una radiografía que motiva a reflexionar sobre las amenazas que enfrenta la Macrozona Austral -integrada por Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena- por su condición fronteriza, portuaria y por su baja densidad poblacional.

En un territorio amplio, con más de veinte pasos no habilitados hacia Argentina y un litoral también de grandes dimensiones, las organizaciones criminales han encontrado un escenario propicio para operar con discreción y eficiencia.

Según el Informe, las organizaciones criminales en la Macrozona Austral ya no se limitan al tráfico de marihuana o cocaína. Han diversificado sus actividades, por ejemplo, hacia el contrabando y utilizan empresas de fachada, la inversión en bienes raíces y el uso de intermediarios o testaferros para ocultar o lavar las ganancias ilícitas. Se trata de un crimen más sofisticado y más difícil de detectar.

No es casual que el documento advierta sobre la presencia de ciudadanos extranjeros involucrados en delitos de tráfico y contrabando, tanto en roles de liderazgo como operativos. Este fenómeno se articula con la expansión del narcotráfico y la aparición de drogas sintéticas como el MDMA y la metanfetamina, cuyo consumo incluso se ha observado en entornos escolares. Este último punto es también sumamente preocupante.

A los desafíos tradicionales de fronteras extensas, puertos con poca tecnología para controlar y baja dotación policial y aduanera, se suma hoy también la tecnología.
En la Macrozona Austral, el uso de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada se ha vuelto una herramienta cotidiana para los grupos criminales.

Incluso en los recintos penitenciarios de la Macrozona Austral se han detectado ingresos de equipos para compartir señal inalámbrica, lo que permite mantener la comunicación con el exterior y dirigir operaciones desde el encierro.

La limitada presencia estatal, la falta de tecnología de control portuario y la escasez de personal especializado, debilitan la capacidad de respuesta en regiones como Aysén. No se trata solo de un problema policial, sino de una cuestión estructural. Por lo mismo, donde el Estado llega con menor rapidez, el crimen organizado logra avanzar más rápido, por lo cual todas nuestras capacidades como Fiscalía e instituciones públicas deben estar abocadas a lograr una investigación y persecución penal más eficiente, coordinada y focalizada.

Aysén, como toda región de frontera, está llamada a ser un territorio de cooperación permanente. Sabemos que se requiere fortalecer la investigación patrimonial y financiera, ampliar las capacidades tecnológicas y, sobre todo, construir una presencia estatal sostenida que combine la acción policial con políticas sociales capaces de reducir la vulnerabilidad que el crimen organizado aprovecha.

Este es el escenario actual y, por ende, es nuestro desafío, el cual asumimos con mucha seriedad, ya que el impacto social es profundo. Comerciantes, trabajadores, migrantes y jóvenes -especialmente los más vulnerables- pueden transformarse en objetivos o instrumentos del delito y eso, es lo que queremos evitar.