Hablar del derecho a decidir no es solo impulsar una demanda legislativa en la capital; es cuestionar de raíz cómo se ejerce el poder sobre la vida en Chile y, de manera tangible, en regiones como Aysén. Es poner sobre la mesa la violencia histórica que atravesamos las mujeres tanto en la esfera privada como en la geografía que habitamos. Es algo tan vital como elegir cómo nos cuidamos, cómo sanamos y cómo proyectamos el futuro en nuestro propio territorio. 

A nivel nacional se suele debatir el aborto desde lo moral o la técnica legal, pero se omite una realidad cotidiana: los hombres ya ejercen un "aborto impune" y masivo a través de la paternidad ausente. Las cifras son contundentes: el 96% de las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos corresponden al género masculino quienes deciden a diario no paternar, no cuidar y desentenderse económica y afectivamente de las vidas que engendraron -un rechazo a la responsabilidad que permanece naturalizado y socialmente perdonado. Sin embargo, cuando una mujer decide de forma consciente y autónoma sobre su salud y su cuerpo, el Estado la persigue, la sociedad la juzga y las instituciones le dan la espalda. 

Esta doble vara se profundiza en los territorios australes, vivir en Aysén implica sobrellevar una violencia territorial estructural: escasez de especialistas, objeción de conciencia institucional, distancias kilométricas y el peso del control social en comunidades pequeñas. Desde la psicología, constatamos que la privación de la libertad de elección y la vivencia forzada de procesos vitales fracturan la salud mental, generando trauma, culpa aprendida y la pérdida de la propia agencia. La salud no es la mera ausencia de enfermedad física; es el bienestar emocional y la capacidad psíquica de autodeterminarse sin la amenaza constante del castigo. 

Es aquí donde la autonomía corporal se cruza directamente con la lógica extractivista. Las industrias que intervienen nuestros fiordos, ríos y estepas (como la salmonicultura, la minería y las hidroeléctricas) operan bajo la misma matriz que el abandono paterno: llegan, usan, precarizan, contaminan, lucran y se retiran, dejando la devastación y la carga mental del cuidado sobre los hombros de las mujeres y las comunidades locales. Es la misma violencia: la noción patriarcal de que sobre los cuerpos y la tierra se puede decidir desde afuera, libre de consecuencias para quien impone la carga.

¿Por qué amparar la impunidad de quienes abandonan y explotan, mientras condenamos al trauma y la clandestinidad a quienes eligen cuidar su salud y su futuro? 

Defender el derecho a decidir es romper este ciclo de imposición. Exigir un aborto libre y seguro es demandar justicia reproductiva, psicosocial y territorial, no habrá autonomía real ni salud mental comunitaria mientras se siga obligando a las mujeres a sostener la vida en soledad.