Desde hace ya un tiempo se cuestiona el hecho de que ciertos sospechosos o   acusados de haber cometido algún delito especialmente grave o de pertenecer supuestamente a alguna organización criminal, se les permita ejercer el derecho a defenderse y gozar en plenitud de las garantías judiciales que se reconocen a todo imputado. 

Es más, en los últimos días se ha informado de una iniciativa legal que empezará a discutirse en el Parlamento y que puede afectar el pleno derecho de estas personas a defenderse: Se pretende que los abogados privados que asuman la defensa de este tipo de sospechosos, por el solo motivo de ejercer legítimamente su profesión defendiendo a ciertas personas (quienes, por lo demás, como todo no condenado, se deben presumir y tratar como inocentes mientras no exista una condena en su contra) quede inhabilitado para en el futuro ingresar a trabajar en la administración pública.

Ante este tipo de aprehensiones es necesario recordar que el derecho a la defensa, sobre todo en materia penal, es la piedra angular de cualquier sistema de justicia legítimo y una garantía fundamental que nos protege a todos por igual. Cuando una persona es acusada de un delito, por más grave o repudiable que este sea, el Estado despliega todo su poder punitivo para investigar y sancionar. Si no se garantizara el derecho a defenderse, el proceso judicial se transformaría en una simple condena automática, eliminando la presunción de inocencia y abriendo la puerta al abuso de poder y al error judicial.

Un juicio sin defensa carece de validez moral y jurídica. Toda persona tiene derecho a refutar las pruebas en su contra, presentar su propia versión de los hechos y contar con la asistencia de un profesional del derecho. Este equilibrio formal es lo que diferencia a una sociedad democrática y civilizada de un régimen autoritario que castiga por sospecha o clamor popular. 

Además, defender este derecho, incluso en los casos más extremos, es una salvaguarda para el colectivo. Las leyes y las garantías procesales no se diseñan pensando únicamente en quien reconocemos social o mediáticamente como un delincuente, sino considerando también la posibilidad de que cualquier ciudadano inocente pueda ser acusado falsamente en el futuro. Si permitimos que el Estado prive de sus derechos fundamentales a un imputado debido a la gravedad de su supuesta falta, estaremos validando que el día de mañana se haga lo mismo con cualquiera de nosotros. 

Solo si hoy reconocemos vigencia y pleno respeto al derecho a defensa, sin excepciones, la podremos exigir con total seguridad en favor de cada uno de nosotros, si llega el día en que, por cualquier motivo, nos veamos sentados en el banquillo del acusado.