Como Defensoría Penal Pública constantemente insistimos en la necesidad de que el sistema de justicia penal sea esencialmente equilibrado. Ello porque estamos convencidos de que resulta  fundamental armonizar el interés o necesidad de que el delito sea eficazmente perseguido y sancionado, con la garantía de que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos.

Lograr este equilibrio inevitablemente en pugna, es decir, la eficiencia de la persecución penal y los derechos y libertades de las personas, constituye la columna vertebral de cualquier sociedad democrática. 

Y es que en el complejo contexto de administrar justicia en el ámbito de los delitos, el desafío es no sólo lograr el castigo al delincuente, sino el poder garantizar que el peso del Estado se aplique con precisión, justicia y respeto a la dignidad humana. 

Por lo antes dicho, no es posible entender correctamente el concepto de "eficiencia de un sistema de justicia penal" si sólo se consideran al efecto el nivel de condenas dictadas. Un sistema penal también mide su eficiencia por el nivel de acierto con que resuelve liberar de sanción penal, respecto de quien no se ha logrado probar su culpabilidad. Eso, también es eficiencia del sistema.

Es indiscutido que, en todo proceso penal, existe una desigualdad inherente: el Estado posee todo el aparato de investigación y fuerza. Frente a esta realidad la defensa penal actúa como el contrapeso necesario para evitar que ese poder se convierta en arbitrariedad. Sin una defensa sólida, el proceso deja de ser una búsqueda de la verdad para convertirse en una simple imposición de autoridad.

De lo anterior, podemos concluir con claridad que el rol de quien ejerce defensa penal no es "liberar culpables", sino asegurar que las reglas del juego se respeten. Esto incluye vigilar que las pruebas se obtengan legalmente, que se respeten los plazos y que el imputado comprenda sus derechos. Cuando la defensa exige el cumplimiento de la ley, está protegiendo el sistema entero.

Nunca olvidemos que, en la vida en sociedad, sin excepciones, cuando por parte de la autoridad se violan los derechos de una persona, se pone en riesgo la seguridad de todos.