Hace ya algunos años que la cantidad de personas privadas de libertad, tanto a nivel nacional como regional, viene incrementándose en forma sustantiva y permanente. Si bien es probable que este incremento obedezca a una realidad que objetivamente presenta más actividad delictiva que en tiempos pretéritos, también es muy posible que este incremento se origine en una mayor disposición del sistema de justicia de responder, ya sea como medida cautelar o como sanción que en definitiva se impone a una persona, a través del encarcelamiento de ésta. 

Unos días atrás en un medio electrónico nacional un columnista ("Ciper Chile", Claudio Fuentes S., 07/05/2025) titulaba sus reflexiones en torno al incremento constante que se viene registrando en Chile respecto a su población penal, con una afirmación que no puede ser ignorada por nadie, aunque sea sólo una posibilidad. La columna se tituló "El próximo estallido será en la cárcel".

Los recintos carcelarios existentes en el país, y por cierto de ello no escapan los establecimientos penitenciarios de nuestra región, no tienen una capacidad ilimitada para recibir presos(as). Igual limitación existe, por cierto, respecto al personal de Gendarmería de Chile a cargo de la custodia de quienes se encuentran tras las rejas y de la compleja misión de entregar herramientas que posibiliten, al menos en parte, la esperada reinserción social que debiese conllevar siempre una privación de libertad.

En nuestra región al 30 de abril de 2025 habían 97 personas en prisión preventiva y 255 personas encarceladas cumpliendo una condena (352 personas en total). Cinco años antes, en abril de 2020, las mismas cifras a nivel regional arrojaban un total de 38 personas bajo la cautelar de prisión preventiva y 177 personas se encontraban presas, purgando una pena de cárcel (215 personas en total). 

En otras palabras, en la región de Aysén durante los últimos cinco años la cantidad de personas sujetas a prisión preventiva se ha incrementado en 2,5 veces, en tanto que las personas encarceladas cumpliendo una pena de prisión ha crecido en casi un 45% .

La sustancial alza de nuestra población penal se presenta en los últimos años de manera constante (y como ya señalé, aquello esta ocurriendo con mayor o menor énfasis en todas las regiones del país) y claramente ya hemos llegado a un número límite, que no resiste siga aumentando.

La cárcel no es la solución o respuesta adecuada para todos los casos en que alguien ha cometido un delito, debiendo ser reservada exclusivamente para los casos en que el sistema de justicia y la sociedad no estiman viable una reacción distinta al encierro de la persona sospechosa o culpable de un delito.

La sobrepoblación penal que hoy tenemos es sinónimo de un inaceptable nivel hacinamiento de los presos, realidad en la cual ninguna aspiración de reinserción social resulta posible de tener una objetiva o real base.