Hace algunas semanas le�amos tanto a los principales representantes de la industria salmonera como al ex presidente Eduardo Frei pretendiendo instalar el relato de que "[…] la industria del salm�n ha sido el motor del crecimiento del sur de Chile en los �ltimos 30 a�os. Sin recibir ni un subsidio del Estado".

Dado que otras voces han salido a demostrar la falsedad de aquella afirmaci�n, dando cuenta del rol del Estado en el establecimiento y desarrollo de esta actividad, desde sus or�genes; resulta del todo necesario detenernos en lo que constituye el mayor de los subsidios o regal�as que esta industria en particular recibe de parte del Fisco y sus bienes p�blicos: La posibilidad, de manera exclusiva, de desarrollar actividades industriales al interior de �reas silvestres protegidas.

En efecto, seg�n se ha constatado, 411 concesiones acu�colas otorgadas por el Estado de Chile se encuentran al interior de �reas silvestres protegidas de la Patagonia (reservas nacionales y parques nacionales), vulnerando con ello tanto los objetivos de conservaci�n de dichos sectores como los compromisos internacionales adoptados por Chile, que impiden la explotaci�n econ�mica de los ecosistemas presentes en dichas �reas de protecci�n (Convenci�n de Washington, por ejemplo).

Dar cumplimiento al compromiso presidencial de avanzar en la salida de la industria salmonera de �reas protegidas debiera ser una prioridad en un escenario de crisis clim�tica y de biodiversidad que las amenaza crecientemente.  Sin embargo, como ha evidenciado la reciente publicaci�n de Fundaci�n Terram en CIPER, el Estado sigue obrando en la l�gica del subsidio o las regal�as a la industria salmonera a costa de nuestras �reas protegidas.  Ello, desde que en diciembre de 2023 el gobierno firmara un acuerdo con Aquachile y Cooke Aquaculture para relocalizar nueve concesiones que hoy operan dentro de los l�mites de los parques Laguna San Rafael e Isla Magdalena (Ays�n), y Bernardo O'Higgins (entre �sta y Magallanes).  Un premio parad�jico: de acuerdo a informaci�n de Fundaci�n Terram �stas presentan serios incumplimientos legales, estando cinco en causal de caducidad y cuatro con incremento significativo de las densidades de cultivo autorizadas, eludiendo as� el Sistema de Evaluaci�n de Impacto Ambiental (sobreproducci�n).

No s�lo se permite que estas empresas como bloque desarrollen su actividad industrial en �reas que debieran estar bajo protecci�n, sino que, inclusive cuando han generado significativos impactos ambientales en �reas de protecci�n e incumplido inaceptablemente la normativa que las regula, el Estado contin�a benefici�ndolas con la posibilidad de relocalizarse.  Eludiendo as� su responsabilidad por las infracciones cometidas.

Sobre la sobreproducci�n, se ha denunciado que en reiteradas ocasiones las empresas han producido miles de toneladas por sobre lo originalmente autorizado en sus proyectos t�cnicos. Sin embargo, de los cuatro casos s�lo dos tienen hoy en curso un procedimiento sancionatorio en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): Huillines 2 (110228) y Huillines 3 (110259), ambos de la empresa Cooke Aquaculture, ubicados dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. 

M�s a�n, la sobreproducci�n de ambas empresas ha representado beneficios econ�micos -estimados en base al precio promedio del kg de salm�n en 2022- de unos $450.000 millones en ventas para Cooke Aquaculture y de $171.000 millones para Aquachile. En el primer caso, se cosecharon 50.993 toneladas de la especie por sobre lo autorizado mientras que, en el segundo, fueron 19.497 toneladas dem�s. Sin embargo, la m�xima sanci�n aplicable superar�a los $3.900 millones por cada centro.  Y peor a�n, si la sanci�n no incluye la clausura definitiva de los centros de cultivo las empresas podr�an extender su producci�n ilegal. 

Este cuadro hace imperativo que la autoridad ambiental, primero, inicie un proceso sancionatorio contra Aquachile por elusi�n a la evaluaci�n ambiental de sus concesiones dentro del PN Isla Magdalena y, segundo e imperativo, que para el total de los casos se sancione con la p�rdida de los permisos ambientales de cada centro.  Esto no solo ser�a ejemplificador sino, a la vez, una se�al concreta de que nuestras �reas protegidas en la Patagonia deben estar protegidas y no convertidas en un nuevo subsidio o regal�a para la industria salmonera.