El modelo de reinserción social

Este año nuestro director nacional refrendó mediante una resolución los lineamientos que el Ministerio de Justicia y DDHH realizó para materializar de forma efectiva el modelo de reinserción social impulsado a partir del año 2022. Su objetivo es doble: por un lado, mitigar los efectos adversos inherentes a la privación de libertad y, por otro, disminuir las probabilidades de reincidencia delictiva a través de un proceso de intervención estructurado y diferenciado.
La iniciativa busca entregar más y mejores oportunidades, asegurando que hombres y mujeres reciban apoyo diferenciado según sus necesidades y realidades, contempla un plan individual para cada interno, que incluye acceso a educación, capacitación laboral y acompañamiento social, además de intervención especializada en caso de requerirlo. La idea es que quienes cumplen condena no solo vivan el encierro, sino que también tengan la posibilidad de prepararse para reinsertarse en la sociedad con nuevas herramientas.
El documento reconoce la heterogeneidad del sistema penitenciario chileno, que incluye desde establecimientos antiguos con diseño panóptico hasta instalaciones modernas, así como recintos de administración estatal directa y otros concesionados. Esta diversidad en infraestructura, capacidad y modelo de gestión impacta directamente la ejecución de las actividades de reinserción, por lo que las normas buscan crear un marco común que, sin embargo, sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las realidades locales.
En el caso de los hombres y mujeres privados de libertad, se promueven oficios certificados y trabajos vinculados a la realidad productiva regional, como panadería, carpintería, cocina, manicure, peluquería, pintura y otras actividades que les permitan desenvolverse en la vida laboral al salir en libertad. Para las mujeres, se consideran además espacios de apoyo en temas de maternidad y crianza, así como talleres flexibles que les ayuden a compatibilizar la formación con su rol familiar.
El impacto esperado es claro: reducir la reincidencia, mejorar la convivencia dentro de las unidades penales y aportar a la seguridad de nuestras comunidades. En Aysén, esto se traduce en fortalecer los programas educativos y laborales en las cuatro unidades penales y en el CET Valle Verde, con la colaboración de instituciones locales y regionales.
De esta manera, se busca que la cárcel no sea solo un lugar de encierro, sino también un espacio de segundas oportunidades, donde cada persona pueda reconstruir su proyecto de vida y aportar de manera positiva a la región cuando regrese a la comunidad.
Buscamos realzar y potenciar acciones que siempre han estado a la base del modelo, pero que no han estado en el centro de los procesos de intervención. Dicho de otro modo, el trabajo que realizamos se orienta a disminuir los factores de riesgo de reincidencia y necesidades criminógenas, dejando un poco en la periferia acciones interventivas que se sustenten en elementos positivos que se puedan identificar dentro de las características del sujeto intervenido, cuestiones que ahora se buscan realzar siendo un complemento al trabajo que veníamos realizando.
En definitiva, buscamos dar un enfoque más positivo, teniendo en cuenta elementos como habilidades, intereses prosociales, factores protectores, por nombrar algunas, que de acuerdo a la evidencia internacional sirven de movilizadores para generar cambios conductuales sostenidos en el tiempo; y mediante ellos generar estrategias que nos permitan modificar los factores criminógenos y disminuir el riesgo de reincidencia delictual.