Si se tuviera que investir este 2023 con alguna etiqueta, apostaría por la de retroceso.  Las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado, que inició la Dictadura cívico-militar de Pinochet, han dado pie no sólo para recordar la historia sino que han impulsado un revisionismo que se pasa varios pueblos en lo que a análisis metódico del ayer se refiere.

Claramente, éste no será el espacio para negar la posibilidad y legitimidad de debatir, discutir si se quiere, sobre el conocimiento común.  En días en que muchos paradigmas que nos han acompañado por milenios son interpelados (por lo menos en tanto cultura judeo cristiano occidental), no sólo es necesario recorrer el pasado sino que escrutarlo para desmantelar las visiones y formas de actuar que nos legaron las sistemáticas crisis que hoy nos embisten: climática y ecológica, política, económica.

Este naciente septiembre está colmado de mucho codo borrando principios sobre los cuales se había llegado a un meridiano acuerdo.  Ideas que habían perdido terreno en el avance civilizatorio, por doquier aparecen con inusitada publicidad. 

Hace poco Augusto Pinochet Molina, nieto del dictador, dijo que el asesinato de Víctor Jara habría sido por motivos pasionales, contra toda la evidencia judicial que constata que fue torturado y ajusticiado por militares condenados.  La diputada de ultraderecha Gloria Naveillán ha afirmado que los vejámenes de índole sexual (incluidas violaciones) a mujeres por agentes del régimen serían "leyendas urbanas".  Colegas en radios locales nos llaman a evitar "conmemoraciones y contra conmemoraciones", en un edulcorado intento de lograr una suerte de unidad nacional basada en el olvido, negando el horror reconocido acá y allende Los Andes.  Y hoy algunos sectores intentan desconocer la gravedad del quiebre democrático por la fuerza y las violaciones a los derechos humanos (cuando de ensalza la figura de Pinochet), justificándolas por motivos económicos, de tranquilidad, fe o cuanta idea es posible anteponer a la vida y la dignidad de los demás.  Porque eso que tan irresponsablemente se justifica vulnerar siempre afecta a los otros, nunca a "gente como uno".

Estos pequeños pasos nos encaminan a un estadio que pensábamos habíamos superado.  Ya sabemos que no fue así, únicamente estaba oculto por la pusilanimidad de quienes sólo sacan la voz cuando sienten que el viento sopla a su favor.

Pero estos retrocesos no sólo impactan lo relacionado con las cinco décadas del Golpe.  También ponen en riesgo la protección de la naturaleza y las comunidades que de ella dependen.

Los recientes temporales en el centro sur del país han develado la necesidad de tomarse en serio, de una vez por todas, la crisis climática.  Considerar riesgos, tomar medidas para prepararse y adaptarse a los cambios globales con efecto local, es una tarea ya no de los próximos 5, 10 años.  La información científica da cuenta de que es un fenómeno que nos acompañará durante décadas, siglos incluso.   Precisamente el horizonte de una Constitución.

A contrapelo de esta constatación, el Consejo Constitucional controlado por Republicanos, la UDI y Renovación Nacional avanza en la dirección opuesta a lo que se necesita con urgencia.

Repasemos.

La Comisión Experta aprobó un texto que daba un nuevo prisma constitucional a la relación con la biodiversidad.  En el ámbito de las garantías y libertades fundamentales, artículo 16 número 20 proponía "el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, que permita la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones".  En una clara marcha atrás la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales  (que integra la ex intendenta RN de Aysén, Pilar Cuevas) cercenó la redacción, quedando la figura como "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo". 

El concepto de "medio ambiente sano" no era un capricho de la Comisión Experta.  En 2022 la Asamblea General de la ONU acordó, con 161 votos a favor (incluido Chile) y sólo 8 abstenciones, que el "medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano universal".  Gracias a la derecha chilena quedamos detrás de China, la Federación Rusa, Bielorrusia, Camboya, Irán, Siria, Kirguistán y Etiopía, que sólo se abstuvieron.

En el artículo 203, en tanto, también se dio un duro golpe a la justicia ambiental.  La propuesta original era "la distribución de cargas y beneficios ambientales estará regida por criterios de equidad y participación ciudadana oportuna, de conformidad a la ley", quedando tras las tijeras de la oposición con "el Estado promoverá la educación ambiental, de conformidad a la ley".

Y, por si esto fuera poco, la comisión eliminó el texto del artículo 206 que se hacía cargo de la crisis climática: "El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos".

Pero este oscuro escenario no sólo discurre allá lejos, en Santiago.

Hace pocos días apareció un inserto titulado "Declaración Conjunta Cámaras de Comercio e Industriales, organizaciones empresariales de Macrozona Sur (Ñuble a Magallanes)".  El texto fue suscrito por dirigentes del sector y publicado en múltiples medios regionales, incluido El Divisadero.   Por nuestra región firma Héctor Canales, presidente de la Corporación Empresarial IDEAYsén.

En uno de sus párrafos señala que "somos partidarios de iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas y medio ambiente, pero vemos que la mal entendida Ley Lafquenche y proliferación de un criterio de biodiversidad como un bloqueo de actividad productiva, termina siendo muy perjudicial para el legítimo desarrollo integral desde regiones. La verdadera protección del medio ambiente y las personas se funda en una institucionalidad que define los límites basados en sostenibilidad ambiental, social y económica de las personas, principio que estaremos siempre apoyando".

¿Qué quieren decir con "mal entendida Ley Lafquenche"?  Insólita forma de referirse a una legislación aprobada por el Congreso Nacional y que de alguna forma se hace cargo de los derechos de un pueblo originario que habita las costas mucho antes que el gran empresariado llegara con su visión extractivista. ¿Personas y organizaciones trabajando en proteger la biodiversidad visto como bloqueo? Sin comentarios.

Cuando con frases de buena crianza le digan, como se escucha en tanto foro verde y político, "hemos aprendido", "respetamos los pueblos originarios", "para que nunca más" o "todos queremos cuidar la naturaleza" dude.  

Dude no para instalar la desconfianza.  Dude simplemente para dar los pasos que sean necesarios para que estos retrocesos sólo sean el acto reflejo de una sociedad que toma fuerzas para seguir trabajando en pro de un mejor y más responsable convivir y habitar.