Patricio Ramos, Ciudadano Los problemas ambientales, incluso los que adquieren dimensiones globales, tienen muchas veces su origen en conductas y conflictos cotidianos desarrollados en nuestros barrios, ciudades y en la ruralidad.
Los Juzgados de Policía Local (JPL) tienen una competencia desconocida, que se asocia a materias de tránsito. Sin embargo, esta es mucho más amplia, con profundo arraigo territorial. Su quehacer está vinculado a la convivencia doméstica, las relaciones vecinales y las conductas que afectan la calidad de vida. Al mismo espacio donde se gestan buena parte de los problemas ambientales.
Una somera revisión de sus competencias, a propósito de la infracción a Ordenanzas Municipales, resulta buen punto de partida. Así, la salubridad pública es una materia que conocen estos juzgados con ocasión de la disposición de residuos domiciliarios y comerciales, la venta ambulante de determinados productos comestibles, la tenencia responsable de mascotas, los ruidos molestos. Cabe destacar la protección de áreas verdes, de plantaciones, y de humedales urbanos, las quemas y fogatas. Un JPL puede conocer de algunas infracciones al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, incluidos santuarios naturaleza. Puede resolver infracciones relacionadas con la actividad de extracción de áridos.
Y también conocen de las infracciones a la Ley de Tránsito en su faz ambiental: los animales sueltos en la vía pública, eventual responsable de zoonosis y accidentes; infracciones vinculadas a emisiones contaminantes, a propósito de la revisión técnica. El transporte: tanto de minerales, sustancias peligrosas, residuos domiciliarios o infecciosos (situación de aguas de casas rodantes y similares), etc.
Finalmente, el maltrato animal, pesca recreativa, protección del bosque nativo, construcción y loteos irregulares, etc. obedecen a competencias entregadas en leyes sectoriales
Así, detrás de cada una de estas materias, existe un problema ambiental concreto, como la contaminación, pérdida de biodiversidad, deterioro de los espacios públicos, afectación de ecosistemas, riesgos sanitarios o menoscabo de la convivencia comunitaria.
Mientras la institucionalidad ambiental se asocia al Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente o los Tribunales Ambientales, existe una dimensión territorial de la protección ambiental que se desarrolla cotidianamente, en los JPL.
Su intervención no reemplaza las competencias de estos organismos, ni debe confundirse con ellas. Pero constituye una pieza importante en la aplicación efectiva de numerosas normas ambientales cuyo impacto comienza siendo local.
Porque si los grandes desafíos ambientales requieren respuestas globales, su solución también exige instituciones capaces de actuar allí donde los problemas comienzan, es decir, en el territorio, en los barrios y en la vida cotidiana de las personas.























