Cada día cobra más fuerza la ofensiva que sectores afines a este gobierno y el empresariado han resuelto emprender en contra de una ciudadanía que, ejerciendo su legítimo derecho a la organización, abordan temas de interés público que no son del agrado de quienes hoy tienen control del Ejecutivo.  Aunque sus blancos han sido, principalmente, las de corte ambientalista, feminista y de temas indígenas, en el último tiempo han agregado las estudiantiles, de acceso a la vivienda, sindicales.

Ejemplo es el proyecto del hoy senador Miguel Ángel Calisto con el fin de controlar a la sociedad civil a través de nuevas condiciones relativas a su financiamiento.  Claramente su foco son las organizaciones socioambientales, en especial las que cuestionan a la industria del salmón, sector al cual respalda en forma constante obviando sus múltiples problemas: contaminación del fondo marino, impacto en reservas y parques nacionales, y graves deficiencias en términos de seguridad laboral, según consignó un reciente reportaje sobre los siete trabajadores fallecidos en sus operaciones en enero de 2026.

Calisto hoy está desaforado y es investigado por fraude al fisco.

El último paso en esta escalada lo dio Pablo Ortúzar, intelectual liberal-conservador que ha sido parte de diversas campañas de la derecha.  En la columna "Gremialismo y organizaciones de protesta", publicada en La Tercera, intenta dar sustento racional, y no de intereses, a la antipatía de su sector con las agrupaciones críticas del modelo de desarrollo y sociedad que impulsan.

Alude el antropólogo al ideario de Jaime Guzmán, artífice de los principios de la actual Constitución que delega los temas de interés público en los "grupos intermedios de la sociedad", que es todo ese abanico de agrupaciones humanas entre el individuo y el Estado.

La columna de Ortúzar argumenta que las organizaciones que se movilizan en pro de la protección de la naturaleza, las mujeres, los pueblos originarios, los trabajadores, entre otros ámbitos, habrían perdido legitimidad para actuar en el actual ciclo político-administrativo por -supuestamente- no haber expresado descontento alguno durante el gobierno de Gabriel Boric.   Y eso lo vincula, directamente, a la opinión de Guzmán de despolitizar los grupos intermedios.

La parcialidad de esta tesis es notoria.

Primero, no es posible generalizar y meter en un mismo saco a toda la ciudadanía que protesta.  

En el caso del movimiento socioambiental e indígena, al menos, la crítica y acción cuestionando las políticas del gobierno de Gabriel Boric fueron públicas.  En Aysén por la industria del salmón, los ECMPO, los temas energéticos y la minería, por tanto no es posible sostener lo que afirma Ortúzar en su columna.  Y en el país por el hidrógeno mal llamado verde (que, como el Hindenburg hace un siglo, viene en caída libre), los sitios prioritarios y la política del litio y salares.

Eso sólo como algunos ejemplos.

Y segundo, si de politización de grupos intermedios se trata, pecó de mezquino.   Porque grupos intermedios hay muchos.  Entre ellos: las empresas.  Y al emprenderlas convenientemente contra las organizaciones que no le gustan a su bloque político, rehúye el rol protagónico que el sector privado ha tenido en las incursiones electorales de las múltiples facciones en que se disgrega la derecha.  Según su visión, por omisión, eso no sería politización.

Pero los datos son los datos.

En septiembre de 2025 ya se informaba que "grandes empresarios se cuadran con millonarios aportes para las campañas de Kast y Matthei". Y una investigación de TVN consignaba que a la misma fecha, entre Kast, Kaiser, la UDI y Matthei llegaban a casi $ 5.000 millones en aportes privados, mientras que Jara y sus aliados no alcanzaban los $ 2.000 millones, en tanto Marco Enríquez Ominami, Harold Mayne-Nichols y Franco Parisi bordeaban cada uno los $ 500 millones.

Estas cifras dan cuenta de la opción política de ese poderoso grupo intermedio que Ortúzar casualmente obvia. 

Y qué decir de las declaraciones de los gremios empresariales.  En un inserto publicado en julio de 2025 a toda página en El Mercurio, bajo el título "Carta abierta a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser y a los dirigentes y candidatos al Congreso de la oposición al gobierno", intervinieron desvergonzadamente en la carrera presidencial y parlamentaria en pro de candidatos del sector hoy gobernante.

Tampoco soslayemos a los representantes de grupos económicos (el asesor salmonero Jorge Quiroz a Hacienda, el ex presidente de las AFP y mano derecha de Luksic Francisco Pérez a Relaciones Exteriores) ni a los dirigentes políticos de alto nivel que han asumido funciones en gremios empresariales (la ex subdirectora de Libertad y Desarrollo y ministra de Piñera a la CPC, el ex diputado y presidente UDI Patricio Melero a SalmonChile).

Lo que molesta a Ortúzar y a quienes comparten su mirada es el trabajo de ciertas organizaciones socioambientales y de derechos de los pueblos indígenas.  Y en eso no hay problema.  Es parte de la democracia.

Lo que no es honesto es construir un relato que las deslegitima cuando sólo cumplen el rol de interés público que ampara la Constitución que ellos mismos buscan perpetuar.  Y que se ancla a otro principio que tanto les agrada promocionar: la subsidiariedad del Estado.