A fines de 2024, la industria del salmón se cuadraba con el diputado Miguel Ángel Calisto, destacando una iniciativa del legislador que eleva el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil.  El discurso fiscalizador, sin embargo, no va dirigido a todas.  Su objetivo son las ambientales que escrutan los impactos ambientales y sociales del sector.

"Hay que apoyar el proyecto del diputado Calisto", decía en diciembre de ese año Sady Delgado, gerente general de AquaChile, la principal salmonera del grupo Agrosuper y una de las más grandes del mundo.   En su opinión habría muchas ONGs que aportan al desarrollo, pero existen otras que critican a la industria.  Y eso es sospechoso. Y por eso hay que investigarlas.

Han pasado menos de dos años.  Y mucha agua ha pasado bajo los pontones.

El diputado Calisto fue desaforado, luego electo senador y hoy está acusado de fraude al Fisco por un monto superior a los $ 100 millones. El Ministerio Público pide 12 años de cárcel por estos hechos.

Nuevos antecedentes develados han transformado aún más la discusión.  Según el testimonio de su ex mano derecha, Roland Cárcamo, el actual senador habría incurrido en otros ilícitos.  En su declaración ante la Fiscalía, que publicó el medio Fast Check, señaló que en 2021 su empresa facturó a la misma AquaChile por servicios no prestados.

"Esas capacitaciones y asesorías en realidad nunca se hicieron, solamente era otra forma de obtener recursos para Miguel Ángel Calisto", fueron sus palabras, recordando que ese año el legislador iba a la reelección.  Tras lograrlo, el diputado mantuvo el foco en los intereses salmoneros: se integró a la Comisión de Pesca exigiendo reglas claras para la industria; se sumó al coro contra la "permisología" que paraliza el desarrollo acuícola; y exigió desmantelar la Ley Lafkenche. 

Pero no es su único flanco abierto.

Hace pocos días La Tercera informó que "se indaga el destino y utilización de un millonario monto que Calisto recibió en 2019 desde representantes de la República de Taiwán, y que fueron depositados en una cuenta de Cárcamo, como representante legal de la fundación Proyecto Futuro".

En la ofensiva del parlamentario contra ciertas organizaciones de la sociedad no ha estado solo.  Recientemente el Gobierno acusó que existirían 1,4 billones de pesos "en transferencias sin acreditar por fundaciones". 

Un titular impactante que no tardó mucho en ser desacreditado por el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica: "Una revisión del informe elaborado por el Comité Estratégico de Auditoría revela limitaciones importantes: la información en que se basa es parcial, no permite sostener conclusiones sobre eventuales usos irregulares de recursos, y no da cuenta de un ejercicio mínimo de consistencia entre las distintas fuentes contables que maneja el propio Estado", concluyó Ignacio Irarrázaval.

Paradojas del destino.  Quienes se han empeñado en cuestionar el rol de las organizaciones de la sociedad civil en torno al interés público, que legítimamente incluye escrutar el desempeño ambiental de las empresas, no presentan las mejores credenciales.

El bien común es tema fundamental.  Tanto, que lo que se ha conocido en las últimas semanas es parte de un necesario debate en Aysén sobre nuestra noción de desarrollo, que no debe separarse de cómo entendemos la democracia y la probidad.