En los días que corren, el papel y el teclado aguantan mucho.  Argumentos van, argumentos vienen, y en ocasiones no es relevante si el planteamiento tiene lógica o no.  O si da cuenta de la integralidad de determinado debate.

Ejemplo de ello es el clamor por mayor "certeza jurídica" que viene, desde hace un tiempo ya, siendo en Chile fundamento para cuestionar una diversidad de materias: los cambios legislativos, los fallos judiciales, las decisiones administrativas.  Columnistas nacionales y locales, y ciertos sectores políticos y empresariales, son parte del bien amplificado coro.

El último hito fue la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, en la que al desmenuzar su autodesignado proyecto de "reconstrucción nacional" planteó la figura de la "invariabilidad tributaria" para las grandes empresas.   En otros ciclos políticos fueron las concesiones de derechos de aguas no consuntivos por décadas para hidroeléctricas y en todo momento la crítica a dictámenes de los tribunales ambientales revirtiendo decisiones de organismos públicos sobre proyectos de inversión.  Kast también agregó el reembolso a inversionistas por Resolución de Calificación Ambiental revocadas.

El subtexto es que la administración del Estado no podría hacer supervigilancia ex post de sus propios actos. Y peor aún, que la justicia, en su rol de revisión de los procedimientos administrativos, debiera estar pintada.

Es difícil no estar de acuerdo con la exigencia de reglas claras.  Es más, la figura es puntal del derecho en todas sus formas.  Por ejemplo, el principio non bis in ídem apunta a que nadie puede volver a ser juzgado por un mismo hecho.  Es lo que se conoce como seguridad jurídica. 

Pero el tema de fondo no es que se respete el principio de la necesaria certeza.  Es el uso que se hace, fundamentalmente, en pro de cierta visión e intereses particulares: lo económico.

En 2004 las aguas del embalse Ralco inundaron un cementerio indígena en el Alto Bío Bío.  Bajo los 60 metros de agua quedaron unos 700 cuerpos de antepasados de decenas de familias pehuenches, que por siglos habían vivido en el lugar.   Ante el hecho, la empresa fue multada con míseros $ 15 millones de la época.  ¿Dónde quedó la certeza de convivir en armonía espiritual y afectiva entre quienes habitaron el territorio desde antes que llegaran Endesa y el Estado chileno?

Por décadas, la bahía de Quintero y Puchuncaví albergó diversas actividades sociales y productivas locales.  Las familias se habían dedicado históricamente a la agricultura, la pesca artesanal y el turismo, "modos de vida que se fueron apagando ante el avance implacable de la actividad industrial intensiva" reseña una crónica de hace un par de años.  Efectivamente, por decisiones del Estado y el sector privado, en la década de los 60 comenzó a conformarse un sistema socioproductivo que hoy es símbolo de las infames "zona de sacrificio": cáncer generalizado, episodios de intoxicación masiva, metales pesados en el agua, aire y suelo, y un estigma que ha trascendido las fronteras del país.   ¿Dónde quedó la certeza jurídica de las familias que, viviendo históricamente en la zona, sufrieron sus perjuicios del proceso económico digitado por otros?

Desde antes de la colonia existían múltiples poblaciones canoeras que navegaban tanto desde Chiloé al sur, viviendo de los productos que el mar les prodigaba, al principio con fines de subsistencia que luego derivando a los de comercialización. En torno a ello se generó toda una historia, cultura, tradición y forma de poblamiento del litoral. Sin embargo, desde fines de los 70 la vida se fue modificando a partir de diversas actividades industriales, particularmente la salmonicultura que ha ocupado lugares estratégicos de la costa y el mar, afectando aquellas actividades ancestrales. Esto, además de la contaminación que producen sus operaciones (y mortandades), junto a los efectos de los recurrentes y masivos escapes de salmones, voraz especie exótica que arrasa con la biodiversidad autóctona.  Por ejemplo, ya en 2017 un subsecretario de Pesca señalaba que los "caladeros están restringiendo" la relocalización de "centros de cultivo de salmónidos".  ¿Dónde quedó la certeza jurídica para quienes estuvieron antes que las grandes industrias de capitales externos al territorio, que han sido desplazados y expulsados porque su visión del desarrollo no encaja con el extractivismo a gran escala?

Sí, es positiva la certeza jurídica.  Pero no sólo de quienes invierten. También es fundamental la de quienes han vivido por décadas e incluso siglos, en el caso de ciertos pueblos.

Entonces, el problema no es la certeza jurídica.  Es que algunos consideren que sólo ellos tienen derecho a ella.