Si bien el título con que se encabeza esta columna puede entenderse con una manifiesta obviedad, la verdad es que por la forma en que muchas veces se da la dinámica efectiva entre la persona imputada y su abogado defensor, al momento de definir la estrategia judicial y los planteamientos que se formularán ante los tribunales, creo que puede ser útil destinar un momento para destacar la siguiente idea básica: El dueño de una causa penal, desde el prisma del imputado o acusado es, justamente, dicha persona, y jamás su abogado defensor. 

Ningún tratamiento médico se puede llevar adelante si no se cuenta con el consentimiento respectivo del paciente. Asimismo, es fundamental comprender que toda decisión que adopta la defensa en un proceso penal, supone el consentimiento de la persona que sufre la persecución penal. 

No podría ser de otra manera, dado que, mal que mal todos los costos emocionales y materiales, así como riesgos que se asumen en un proceso judicial, los sufre o paga la persona enjuiciada y no el abogado que realiza la defensa penal.

Por lo anterior, debemos recordar que, a la hora de aceptar una salida alternativa, declararse culpable ante un juez, sostener una determinada versión de los hechos del caso, decidir guardar silencio o prestar declaración, exigir la realización un juicio oral o recurrir o no en contra de la sentencia que se dicta, la única voluntad que debe regir es la del acusado o imputado.

Los defensores penales estamos para dar una explicación sobre el escenario judicial que se enfrenta, una orientación en torno a lo que parecen los riesgos que implica cada una de las alternativas procesales que tiene el imputado frente a sí durante el curso de un proceso penal y, en definitiva, dar el consejo más adecuado a la persona representada, en base al conocimiento y la experticia del referido profesional.

Siendo el abogado un asesor o consejero técnico, su rol nunca puede exceder aquella misión. En ese sentido, quien enfrenta como imputado o acusado un proceso penal debe tener claridad que es el protagonista del referido juicio (junto la víctima), y ello es así no sólo porque será quien reciba, con alivio o angustia, el veredicto que lo declare inocente o culpable de los cargos formulados, sino porque inevitablemente esta llamado ser quien decida, en muchos momentos, qué pasos concretos y en qué oportunidad, durante el desarrollo de un proceso judicial, se realizan.

Como la decisión final en estos aspectos judiciales los debe adoptar el interesado, es decir la persona enjuiciada, resulta esencial que ésta sea completa y debidamente informada sobre el escenario judicial en que se encuentra. Quien defiende debe, por lo mismo, informar a su representado sobre la situación judicial en forma clara y completa. Al hacerlo el abogado no realiza un favor a su cliente, sino que cumple un deber básico e imprescindible para construir las condiciones mínimas sobre las cuales se han de adoptar las inexorables decisiones que en el proceso debe resolver la persona que es imputada.