El Gobierno está empeñado en reactivar la economía y, en ese esfuerzo, las autoridades vinculadas al área económica, junto al Gobierno Regional, han recorrido distintos territorios para acercar a emprendedores y emprendedoras la información sobre fondos concursables y alternativas de financiamiento disponibles. Es una labor necesaria, especialmente en momentos en que muchas pequeñas empresas buscan crecer, generar empleo y contribuir a recuperar el dinamismo económico.

Estas iniciativas han tenido buena acogida en comunas como Cochrane, Chile Chico y Puerto Aysén, donde existe un ecosistema de emprendedores que quiere seguir avanzando. Sin embargo, también han permitido dejar en evidencia una realidad que no puede seguir siendo ignorada: en algunas localidades, el deseo de emprender está condicionado por carencias básicas que la propia institucionalidad pública aún no logra resolver.

El caso de Islas Huichas es especialmente ilustrativo. Una emprendedora que no cuenta con acceso a agua potable difícilmente puede obtener una resolución sanitaria, requisito indispensable para desarrollar formalmente actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. Algo similar ocurre en las Guaitecas y en otras localidades donde la falta de servicios básicos termina transformándose, indirectamente, en una barrera para acceder a instrumentos de fomento.

Y aquí aparece una contradicción que merece ser abordada. Por una parte, el Estado promueve el emprendimiento, ofrece subsidios, capacita y llama a las personas a formalizar sus negocios. Pero, por otra, existen comunidades donde las condiciones básicas para cumplir con los requisitos de esa formalización simplemente no están disponibles.

No se puede pedir a una emprendedora que produzca conservas, mermeladas u otros alimentos bajo estándares sanitarios si no dispone de agua potable o alcantarillado. El problema, entonces, deja de ser la falta de iniciativa o de financiamiento y pasa a ser una barrera estructural que impide que esa persona pueda desarrollar su actividad.

Por eso, esta realidad requiere una respuesta integral. No basta con que los servicios públicos vinculados al fomento productivo sigan difundiendo sus instrumentos. También es necesario que las instituciones responsables de los servicios básicos trabajen coordinadamente para identificar estas brechas y buscar soluciones concretas.

Si se quiere realmente ampliar el ecosistema emprendedor de Aysén, hay que mirar también las condiciones en que emprenden quienes viven en las localidades más apartadas. De lo contrario, los fondos públicos terminarán llegando principalmente a quienes ya cuentan con mejores condiciones para postular y formalizar sus negocios.

La equidad territorial también significa que una emprendedora de Islas Huichas o de las Guaitecas tenga posibilidades reales de acceder a las mismas oportunidades que una emprendedora de Coyhaique.

Aysén necesita reactivar su economía, pero esa reactivación debe llegar a todos los territorios. Para lograrlo, primero habrá que resolver esas barreras que parecen domésticas, pero que en realidad terminan limitando el desarrollo productivo de comunidades enteras.

Emprender requiere esfuerzo, creatividad y perseverancia. Pero también requiere condiciones mínimas para poder hacerlo. Y garantizar esas condiciones es, finalmente, una responsabilidad del Estado.