La visita de la ministra de Energía, Ximena Rincón, a la Región de Aysén abre una oportunidad relevante. No solo por los anuncios que eventualmente pueda realizar, sino porque permite que el Gobierno observe en terreno una realidad que desde hace años condiciona el desarrollo regional: en Aysén, la energía no es solo un servicio básico, sino uno de los principales factores que frenan el crecimiento.

La región convive con costos energéticos muy por sobre el promedio nacional. Esa diferencia impacta directamente en la vida cotidiana de las familias, pero también en la capacidad de emprender, producir e invertir. Hablar de desarrollo regional sin abordar el problema energético es, simplemente, seguir administrando las consecuencias sin tocar el problema de fondo.

En Aysén, la energía define competitividad. Define si una empresa puede instalarse o no. Define si un pequeño emprendimiento logra sostenerse. Define incluso cuánto cuesta vivir. Mientras en otras zonas del país la discusión energética avanza hacia eficiencia, innovación o electromovilidad, en vastos sectores de esta región todavía persiste una dependencia estructural de sistemas caros, frágiles y altamente contaminantes.

Los casos de Melinka y Tortel son probablemente el ejemplo más evidente. Ambas comunidades continúan dependiendo del petróleo para generar electricidad, quedando expuestas a los altos costos de los hidrocarburos y a sistemas que hace tiempo dejaron de ser sostenibles económica y ambientalmente. No se trata únicamente de una discusión técnica. Se trata de localidades cuyo desarrollo futuro sigue atado a combustibles que encarecen la vida y limitan cualquier posibilidad de expansión productiva.

Y lo más complejo es que alternativas existen. Aysén posee condiciones privilegiadas para avanzar en energías renovables no convencionales: viento, agua, biomasa e incluso potencial mareomotriz en algunas zonas costeras. Sin embargo, la velocidad con que esas soluciones llegan al territorio sigue siendo insuficiente. La transición energética en regiones extremas no puede depender únicamente de pilotos o anuncios esporádicos. Requiere planificación, inversión y una decisión política clara de descentralizar también la infraestructura energética.

Porque aquí aparece una tensión que el país todavía no resuelve del todo: mientras desde el nivel central se habla de carbono neutralidad y transición verde, regiones como Aysén siguen pagando una de las energías más caras de Chile y dependiendo de combustibles fósiles para sostener servicios básicos. Esa contradicción termina golpeando siempre a los mismos territorios.

La discusión energética regional tampoco puede reducirse solo al consumo residencial. El problema tiene una dimensión productiva urgente. Si Aysén quiere diversificar su economía, atraer nuevas industrias, fortalecer el turismo, agregar valor a sus recursos o impulsar innovación, necesita una matriz energética más robusta, estable y accesible. Ningún territorio logra despegar cuando producir cuesta mucho más que en el resto del país.

Por eso, la visita ministerial será realmente relevante si logra traducirse en medidas concretas y no solo en diagnósticos conocidos. La región no necesita únicamente subsidios para amortiguar tarifas; necesita transformaciones estructurales que permitan dejar atrás la precariedad energética que arrastra hace décadas.

Aysén no puede seguir enfrentando el futuro con una matriz pensada para sobrevivir y no para desarrollarse. Ese es el verdadero desafío de fondo.