El sistema de justicia penal, justamente por ser un sistema, supone un equilibrio entre las partes que se enfrentan en su interior. Aquello que es conocido como el principio de "igualdad de armas", y supone que entre acusador y acusado existe una razonable equiparación en torno a las posibilidades de uno y otro, a la hora de realizar la tarea, uno de acusar, el otro de defenderse.

Todo sistema de justicia penal debe buscar un equilibrio tal en su funcionamiento, que permita la efectiva y eficiente persecución penal sin negar el pleno ejercicio de los derechos y garantías que ostenta, básicamente con el fin de que quien está acusado de haber cometido algún delito, pueda ejercer su derecho a defensa.

Así como es desastroso e inútil para nuestra sociedad un sistema de justicia penal que, por exclusiva preocupación y preeminencia de los derechos de la persona perseguida penalmente, no habilite espacios de persecución penal; debemos evitar un  sistema en que el péndulo se traslade al polo opuesto, es decir, un sistema en que los derechos del inculpado sean restringidos de manera importante, bajo el entendido que tales garantías no son sino "obstáculos indeseables e inconvenientes" desde una perspectiva social, de momento que sólo vendrían a constituir "molestias o limitaciones" a la eficacia de la persecución penal y que, por lo mismo, deben ser eliminados.

Es de público conocimiento que el sistema de justicia penal se encuentra muy exigido en estos tiempos, en que la sociedad demanda respuestas rápidas, certeras y contundentes, frente al fenómeno delictivo. Aquello torna natural y conveniente la adopción de medidas que puedan fortalecer el trabajo llamado a realizar por parte de la Fiscalía.

De esta manera, su fortalecimiento, algo muy positivo y necesario, supone que vaya acompañado también de un fortalecimiento de su natural contradictor institucional, como lo es la Defensoría Penal Pública, a fin de que no se altere el ejercicio y equilibrio sistémico de los procesos penales.

En este sentido, es importante destacar que, a inicios del próximo mes de abril, entrará en vigor la nueva Fiscalía Supraterritorial. Esta importante innovación en la forma de trabajo de la Fiscalía en Chile, conllevará la incorporación de casi cien funcionarios al Ministerio Público, concentrando dentro de ese refuerzo a 34 fiscales adjuntos nuevos. 

Si bien aplaudimos este reforzamiento institucional, sería de esperar que esta mayor capacidad operativa de la Fiscalía obligase, a fin de mantener un sistema de justicia equilibrado, a potenciar también el trabajo de la Defensoría Penal Pública. No obstante, hasta ahora nada de aquello ha ocurrido.

Fortalecer todo el sistema de justicia, de manera equilibrada, indudablemente permitiría una persecución penal más justa, eficiente y oportuna. 

Si el fortalecimiento sólo se concentra, como está ocurriendo en nuestro país, en una sola de las patas de esta mesa, el mecanismo para resolver los asuntos penales queda desajustado y en peligroso desequilibrio.

Me atrevo a señalar que el desequilibrio resulta peligroso por cuanto el reforzamiento de las fuerzas de sólo una de las partes que litigan en un juicio (la que acusa) por cierto que facilitará su labor, pero es innegable que, además, aumentará las posibilidades de que se persiga y finalmente se condene a personas inocentes. Y ese riesgo bajo ningún pretexto podemos permitir sea incrementado, dado que la persecución y condena de un inocente es el más estrepitoso fracaso que como sociedad podemos tener en la lucha contra el delito.