La situación que enfrenta una familia pionera de Isla Central, en el Lago O'Higgins, debiera hacernos reflexionar sobre la manera en que el estado se relaciona con quienes hemos decidido vivir en los territorios más aislados de nuestro país.

Esta misma familia pionera, tras años de espera, y con la necesidad imperiosa de contar con una pequeña pasarela que pudiera facilitar el desembarco y así poder acceder con mayor seguridad a su propiedad, tomó la decisión de construirla con sus propias manos y con ello permitir que sus provisiones básicas pudieran llegar a sus casas. Este acto loable, que debiera ser destacado, ha derivado en un procedimiento que podría terminar incluso con el desalojo de la estructura y acciones judiciales en su contra.

Acá el punto no es desconocer la normativa, ni él estado de derecho, ni cuestionar que las instituciones deban cumplir con su deber de fiscalización. El problema es la contradicción que queda desnuda y en evidencia: mientras el Estado puede tardar años en entregar infraestructura básica a la necesidad de una población, en especial que hace soberanía en el extremo sur austral, puede ser considerablemente más rápido cuando se trata de fiscalizar y sancionar.

En el Lago O'Higgins, las distancias, el clima y el aislamiento, determinan la vida cotidiana. En la Isla Central, además hablamos de descendientes de cuarta generación de quienes poblaron este territorio fronterizo y que por años han marcado presencia en un territorio inhóspito y difícil de habitar.  

Lo paradójico es que la necesidad de infraestructura portuaria no es nueva, existen gestiones que se prolongan por más de una década y durante el año 2025 la Dirección de Obras Portuarias comprometió priorizar tres muelles en el Lago O'Higgins, incluyendo a Isla Central. Sin embargo, todavía resta avanzar en estudios indispensables para materializar esas obras.

Entonces cabe una pregunta bastante simple: ¿Qué hacemos con las familias mientras esperan?

No podemos pretender que la vida se detenga hasta que terminen estos estudios, las familias requieren abastecerse, producir, trasladarse, entrar y salir de sus hogares hoy.

En Aysén esto lo conocemos bien: las normas nacionales muchas veces se aplican de manera uniforme sobre territorios profundamente distintos y esto claramente es la muestra palpable de ello. La institucionalidad debe ser capaz de comprender esas diferencias, no al margen de la ley, sino incorporando conceptos como proporcionalidad, flexibilidad y criterio territorial en las decisiones del Estado.
Durante décadas Chile ha hablado de poblamiento y soberanía en la Patagonia. Hemos reconocido a quienes llegaron primero, cuando no existían caminos, conectividad ni servicios públicos. Pero esto pierde todo sentido y respeto si después nuestra propia burocracia termina convirtiéndose en un obstáculo para su permanencia.

La soberanía no es solo una línea dibujada en un mapa, esta se construye con presencia humana permanentemente, por tanto, debemos encontrar una solución transitoria que permita garantizar a esta familia un acceso seguro mientras se acelera la infraestructura definitiva comprometida.

Tenemos que revisar la forma en que el estado responde a sus habitantes. Porque existe algo que es profundamente contradictorio, pedirles a las familias que permanezcan en estos territorios y, al mismo tiempo, hacerles cada vez más difícil permanecer en ellos.

No se puede pedir soberanía y después castigar a quienes la hacen posible.