La reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), impulsada por el Ejecutivo e ingresada al Congreso en octubre de 2026, abrió una discusión sobre las atribuciones, la independencia y la presencia territorial de una institución encargada de promover y proteger los derechos humanos. 

Desde Coyhaique, Joaquín Bizama, jefe regional del INDH en Aysén, analiza en esta entrevista en extenso los alcances de un proyecto que, a su juicio, "más que reformar, deforma" a la institución, amenazando con dejar desprotegidos a los territorios más aislados de la región de Aysén.

"Es preocupante, toda vez que hay muestras claras; es cosa de leer, digamos, el proyecto, y allí se manifiesta claramente una reducción tanto en la independencia como en las facultades que tenemos con el INDH para presentar ciertas acciones judiciales, como son las querellas. Y también respecto del desmantelamiento del instituto en las regiones, y es bien llamativo aquello porque precisamente estamos apuntando desde hace tiempo, a un proceso de descentralización, de acercar al Estado a sus ciudadanos aún más en una región como la de Aysén."

Bizama advierte que esta modificación afectaría la capacidad de actuación del Instituto frente a eventuales vulneraciones cometidas por funcionarios públicos y que no se limita solo a las policías o a los recintos penitenciarios.

"Las querellas en particular dicen relación con ciertos apremios que pueden cometer funcionarios públicos, y allí no nos referimos solamente a Carabineros, no nos referimos solamente a la Gendarmería; también nos referimos a un profesional de la salud, profesionales de la educación o profesionales de cualquier otro servicio público que, en el ejercicio de su función, cometan apremios ilegítimos, maltratos injustos o vejatorios. Entonces, el quitarnos esa facultad, las personas pierden una institución especializada en la defensa de un derecho humano."

Caminando a la recentralización 

La Región de Aysén abarca una superficie de 108.494 kilómetros cuadrados caracterizada por una extrema discontinuidad territorial, localidades costeras y fronterizas de difícil acceso y una población que apenas supera los 100.000 habitantes. En este contexto, el despliegue del INDH no es un lujo burocrático, sino una condición de posibilidad para el acceso a la justicia.

Actualmente, la sede regional de Aysén cuenta con un equipo multidisciplinario de solo seis personas. Pese a esta dotación acotada, durante el año 2025 la oficina atendió 529 solicitudes ciudadanas (respondiendo el 95.6% dentro del plazo legal de diez días hábiles), realizó 57 visitas de inspección a recintos bajo custodia o cuidado del Estado e interpuso 25 acciones judiciales. Para el año 2026, la proyección supera las 500 atenciones y contabiliza más de 75 acciones judiciales en tramitación.

Pese a este trabajo el informe financiero del proyecto de ley contempla una reducción del 50% de la dotación regional a nivel nacional y proyecta el cierre paulatino de las sedes territoriales, concentrando la administración operativa en Santiago ¿Cómo se garantizará la atención de una persona en Tortel, Villa O'Higgins, Chile Chico o Melinka?

"La oportunidad con la que llegaría el INDH, de aprobarse este proyecto, la veo nula. Hoy somos un equipo pequeño de seis personas y hacemos el esfuerzo de concurrir a los lugares más apartados; hemos llegado hasta Villa O'Higgins y vamos periódicamente a Melinka. Si ya no existen las sedes regionales y viene una disminución presupuestaria drástica, estar presente en los territorios levantando vulneraciones de derechos va a ser extremadamente complejo. Es bien llamativo, porque mientras el discurso público habla de descentralización y de acercar el Estado a la ciudadanía, este proyecto apunta exactamente a la línea contraria: que las personas, cuando requieran defensa, tengan que hacer una llamada o viajar en el mejor de los casos a Santiago para que las atiendan… Esto no es un fortalecimiento es un debilitamiento explícito. Más que reformar al Instituto, esta propuesta lo deforma."

El INDH defiende derechos sociales, ambientales y comunitarios ¿ A qué se debe entonces esta mirada, aparentemente desconocida, a su labor?

"Porque se ha construido una caricatura desde la crisis social de 2019. Se dice que solo interponemos querellas contra Carabineros o que defendemos delincuentes. En ese momento histórico particular, la sede Aysén recibió cerca de 50 denuncias que se tradujeron en algo más de 30 querellas presentadas con antecedentes verosímiles. Ese evento ocurrió hace años. Desde entonces, hemos seguido interponiendo decenas de acciones judiciales por acceso al agua potable, salud, educación y pensiones, además de cientos de gestiones administrativas vía oficios que resuelven problemas cotidianos de la gente sin llegar a los tribunales".

¿Y cómo les ha ido?

"Cuando recibimos una denuncia por mal servicio o falta de atención en un hospital o colegio, oficiamos al servicio correspondiente pidiendo informes. Muchas veces, el solo oficio del INDH 'mueve la aguja': las autoridades reaccionan, inician investigaciones sumarias o corrigen la omisión. Es un trabajo silencioso de fiscalización que evita que la vulneración se perpetúe. Si nos quitan el personal regional, esa labor preventiva simplemente desaparece."

Hoy esta iniciativa está en manos del congreso y nuestros 3 parlamentarios, ¿algún mensaje a ellos?:

"Le diría a los legisladores que piensen en Chile en el largo plazo, como un país serio en el concierto internacional. Avanzar en esta línea es un retroceso ostensible que nos deja mal parados fuera y dentro del país. Les pido que no caigan en la coyuntura ni en la caricatura fácil; los antecedentes están sobre la mesa. Reformar no puede significar hacer desaparecer la presencia del Estado en las regiones. Les pedimos que voten en conciencia pensando en los ciudadanos, en los contrapesos que requiere el Estado para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho. Creo que es fundamental y que retrocedemos como un Estado de derecho moderno del siglo XXI".

En caso de aprobarse la iniciativa, ¿qué riesgos enfrentarán y cómo seguirán trabajando?

"El riesgo es la pérdida total de independencia. La autonomía del INDH se configura porque no dependemos de ninguna autoridad política de turno, sino de un Consejo heterogéneo donde participa la sociedad civil, la academia y los poderes del Estado. Reducir el Consejo a cinco personas designadas exclusivamente por el poder político e interpretar que un Consejo Transitorio nombrado a dedo por el Presidente va a fijar las reglas del futuro Instituto, es un atentado contra los Principios de París de las Naciones Unidas. Si los consejeros responden a la mayoría política del momento, la capacidad de fiscalizar al Estado queda limitada (…)  de todos modos vamos a seguir trabajando hasta que tengamos claridad respecto del proyecto. Estamos preocupados, obviamente, pero nuestra labor y nuestra obligación es seguir funcionando y respondiendo a las consultas y las denuncias que tengan las personas.