La visita realizada la semana pasada por la coronel Jessica Rivas Hernández, directora regional de Gendarmería, al Centro de Detención de Cochrane generó incertidumbre en las autoridades locales debido a que anunció el cierre del recinto penal que actualmente alberga a 16 internos provenientes, principalmente, de la provincia de Capitán Prat.

El cierre de dicha cárcel implicaría el traslado de los internos al penal de Chile Chico viendo así sobrepasada su capacidad. Pero también complica a las familias de los reclusos, quienes en pleno invierno tendrían que trasladarse cientos de kilómetros para visitar a sus seres queridos privados de libertad.

Paola Arias tiene a su hermano recluido en la cárcel de Cochrane y señala que la medida anunciada "nos afecta, porque si lo trasladan a Chile Chico como está planteado, hay gente no solamente de Cochrane, hay de Tortel, Villa O'Higgins, de Tortel, y se les hace difícil de llegar acá, más en este tiempo por el tema de los caminos, imagínate llegar a Chile Chico".

Sin embargo, hay un trasfondo mayor. "Humanamente, hay muchas familias que tienen hijos pequeños, hay una familia que se vino de Coyhaique que implica que ella tuvo que cambiar su vida que tenía en Coyhaique, vender todo y venirse acá. Y ahora tendría que hacer lo mismo habiendo niños chicos. Fue algo tan repentino que nos tomó a todos de sorpresa, porque hay papás, algunos que son sustento de su familia. Hacen trabajo, yo creo que eso es lo peor, porque apartarlos así, de un rato para otro…  Tú no sabes lo que va a pasar si no tienes con quién que los vaya a visitar. Acá ellos tienen visita, ven a sus hijos, ven a su familia y eso de trasladarlo significa que no los van a ver, no los van a poder ayudar", lamenta Paola Arias, quien está encabezando una serie de acciones tendientes a plantear el tema a las autoridades. De hecho, este martes entregarán una carta firmada por todos los familiares a las autoridades regionales con el objetivo de obtener una respuesta concreta.

Cabe señalar que, hasta ahora, no han tenido ninguna comunicación oficial por parte de Gendarmería, Seremi de Justicia ni de la Delegación Provincial, lo que aumenta la incertidumbre de las familias de los internos.

Desde El Divisadero tomamos contacto con Gendarmería, pero hasta el cierre de esta edición no se han referido al tema ni han programado una entrevista con la coronel Rivas. También nos contactamos con la Delegación Presidencial Provincial, desde donde declinaron referirse al tema señalando que no tienen "ninguna información oficial". Desde la Seremi de Justicia tampoco han fructificado los intentos de obtener una versión oficial sobre el eventual cierre de la cárcel de Cochrane.

Consultado por la situación, el consejero regional por la provincia Capitán Prat, Rodrigo Rivera, señaló que la semana pasada "me pongo en tacto con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y me confirma la noticia, que efectivamente había un informe desde el punto de vista técnico que las condiciones en las cuales estaba el recinto no eran las óptimas y también que obviamente los números a estas alturas desde el punto de vista de la cantidad de internos versus también la cantidad de funcionarios, obviamente el mantener el centro en la provincia Capitán Prat era como bastante alto". Ese sería el argumento del cierre básicamente: que económicamente se hace inviable mantener el funcionamiento de un recinto que está en malas condiciones.

Los tiempos apremian, pues el cierre estaría planificado para julio, según lo que la coronel Rivas informó verbalmente en la reunión con el alcalde Patricio Ulloa y con los funcionarios del penal. Por lo mismo, el consejero Rivera espera "generar alguna mesa de trabajo, porque también creo que la función del Estado no es quitar servicios públicos de los distintos territorios, sobre todo en zona extrema, sino que lograr que los servicios públicos se mantengan. Por lo tanto desde ese punto de vista iba nuestra pedía de poder a lo mejor generar una mesa de conversación, proponer que a lo mejor sean distintos los plazos, que a lo mejor sea dentro de un año o de aquí a fin de año, que también le dé las posibilidades a las familias de prepararse".

Incluso, desde la Municipalidad de Cochrane, el pasado jueves emitieron un oficio dirigido al ministro de Justicia, Fernando Rabat, manifestando "su profundo desacuerdo, por cuanto estimamos que una decisión de esta naturaleza no solo afecta a la comunidad de un servicio público históricamente presente en nuestra comuna, sino que además genera consecuencia sociales, familiares y territoriales que no han sido debidamente ponderadas".

"No compartimos que el deterioro o las limitaciones de un inmueble deriven necesariamente en la eliminación del servicio que presta", señala el oficio firmado por el alcalde Patricio Ulloa.