La reciente formalización de dos mujeres y un hombre por delitos de explotación sexual infantil y microtráfico de estupefacientes en Coyhaique ha generado impacto en la ciudadanía. No solo por la gravedad de los hechos, sino porque se trata de una de las primeras causas de esta naturaleza con detenidos y formalizados en nuestra región.

Como fiscal y también como padre, creo que lo ocurrido debe motivar a las y los habitantes de Aysén a dejar de pensar que este tipo de cosas no pasan en la región. Casos como este, evidencian una realidad oculta de explotación de niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza, abandono, vulnerabilidad y consumo de drogas. Y esto ocurrió acá en Coyhaique, en nuestra propia comunidad.

La explotación sexual infantil no es un delito más. Es una de las formas más graves de violencia que puede sufrir una persona, donde en este caso, además se utilizó droga como forma de pago hacia las víctimas.

El trabajo coordinado de Fiscalía y de las distintas unidades de la Policía de Investigaciones que participaron en esta causa, incluyendo a la Brigada de Delitos Sexuales y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, se extendió por meses. Esto permitió identificar a los imputados, cruzar información entre distintos tipos de delitos y detener a los principales sospechosos. Hoy dos de ellos se encuentran en prisión preventiva y una imputada bajo otras medidas cautelares.

Detrás de este resultado hay análisis criminal, trabajo colaborativo y una estrategia investigativa. Las diligencias continúan y no se descarta la existencia de más víctimas y de otros imputados.

Queremos determinar si se trata de un hecho puntual o de un patrón de conductas delictivas que operan bajo una misma lógica, donde se capta a adolescentes en situación de vulnerabilidad y se les ofrece bienes materiales, dinero o drogas, generando un círculo de abuso del cual es muy difícil escapar.

Por lo mismo, es muy relevante que las instituciones y sus equipos de colaboradores, estemos preparados para detectar estos delitos y que no se ignoren las señales que pueden provenir desde escuelas, servicios públicos, centros de salud o directamente desde los propios niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, la comunidad puede jugar un rol fundamental. El silencio es uno de los mayores aliados de la explotación sexual infantil. Romper ese silencio requiere valentía y compromiso con la sociedad que habitamos. Muchas veces, las señales están frente a nosotros y se manifiestan en cambios de conducta, abandono del sistema escolar, posesión de bienes que no corresponden a la edad o su nivel socioeconómico o consumo de estupefacientes. Pero si las personas que saben lo que está pasando no denuncian, las víctimas seguirán atrapadas en situaciones de abuso.

Lo ocurrido también debe llevarnos a reforzar la necesidad de una coordinación efectiva y permanente entre todas las instituciones que intervienen en la protección de la niñez. El apoyo brindado por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Programa Mi Abogado, sumado al trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, es una muestra de que la articulación entre las instituciones es posible.

Este caso de explotación sexual infantil en Coyhaique debe ser una alerta que nos movilice, porque es una evidencia de que incluso en aquellos lugares que suelen ser percibidos como seguros o más tranquilos, existen dinámicas abusivas que pueden estar operando en la impunidad.

Cada vez que se vulnera a un niño, niña o adolescente, toda la sociedad fracasa. Y cada vez que los protegemos, damos un paso hacia un futuro más digno y humano para todas y todos.