Las cerca de 70 familias de Puerto Aysén que se vieron afectadas por la anegación de las tumba donde están sepultados sus seres queridos, presentaron una querella en contra de la Municipalidad de Aysén y el Gobierno Regional de Aysén, con el objetivo de investigar su responsabilidad en los problemas de infraestructura del nuevo cementerio de la ciudad porteña.

El abogado Antoine Peñaloza Garrido (en la foto secundaria) es quien representa a las familias querellantes y explica que el nuevo campo santo no cuenta con un sistema de drenaje adecuado, pese a la inversión cercana a los 3.000 millones de pesos que se destinó a la iniciativa. Además de la querella criminal por presunto fraude al fisco, las familias también buscan una indemnización colectiva de 4.320 millones de pesos por los daños y perjuicios derivados de todos los problemas que han vivido en los últimos años.

Querella por presunto fraude al fisco

En relación a la querella por presunto fraude al fisco, esta fue admitida a tramitación por parte de del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, que derivará los antecedentes a las Fiscalía para la investigación, debido a los excesivos montos que se aprobaron por parte del GORE y adjudicaron en la iniciativa, que, a juicio del abogado, es un precio muy elevado. Para eso, se debe indagar, cómo se invirtieron los recursos, cuánto realmente se gastó en las obras y si el monto fue menor a los 3.000 millones de pesos, averiguar qué ocurrió realmente con los recursos públicos.

El abogado Peñaloza explicó que "estuve en el cementerio y es de toda lógica que esa obra no costó los 3.000 millones de pesos en virtud al cual se adjudicó. Por lo tanto, nosotros decimos, la lógica indica que esta obra debe haber costado no más de 500 millones de pesos, no más. Segundo, si costó 3.000 millones de pesos y quedó mala, no está funcionando, está funcionando muy mal. Entonces, ¿qué pasó con los otros 2.500 millones de pesos o los 2.000 millones de pesos? ¿Por qué existe un sobreprecio tan grande para una obra que no tiene ese valor? Además, esa plata que se adjudicó excesivamente, con este sobreprecio, según estimamos nosotros y por eso creemos que se investigue, se pudo haber dedicado a otras necesidades tan urgentes que tiene Puerto Aysén".

Por lo tanto, "tiene estas dos aristas: El Gobierno Regional, un organismo técnico, porque por algo tiene grandes asesores muy bien financiados, así como en el municipio de Puerto Aysén, sabían de esta situación, sabían claramente cuál era el terreno, sabían cuál era la obra que se iban a ejecutar y por lo tanto creemos que esto es una dilapidación, si lo podemos decir de la forma mínima, muy negligente de los recursos fiscales", señaló.

Toda esta situación de los excesivos recursos que se habrían gastado en el área nueva del cementerio de Puerto Aysén, significaría perseguir responsabilidades, que incluso, podrían llegar a la destitución del actual alcalde y la inhabilidad para cargos públicos de ex edil porteño.

Demanda colectiva

Por otro lado, en la demanda presentada por las cerca de 70 familias, el abogado Antoine Peñaloza detalló que "es por el gravísimo daño moral que se le produjo a toda esta familia que tienen a sus difuntos enterrados en el cementerio de Puerto Aysén, porque se inundan y las fosas donde están sus familiares están inundadas y con lodo. Por lo tanto, usted se imaginará una madre que tiene un hijo de 15 años enterrado ahí, tener que ir a verlo con lodo y agua con la tumba inundada, con un féretro que está a solo 20 centímetros de la superficie, contrariando las normas urbanísticas y que regulan los cementerios. En un cementerio que no tenía ninguna condición técnica para poder operar, se operó igual, se ejecutó igual en contra de dictamen y resoluciones precisamente en contra del director de obra del mismo municipio de Aysén". 

"Nosotros tenemos los informes de la ilegalidad que se le representó al alcalde de la época y al actual y se hizo igual. Por lo tanto, eso tiene un enorme perjuicio para las familiares que no tienen otra opción que enterrar a sus familiares en Puerto Aysén. Entonces imagínese el impacto, la indignación, la humillación, la impotencia, la rabia, la frustración que sienten esas casi 70 personas que yo represento", complementó Peñaloza.

Eventuales consecuencias administrativas

Por otro lado, el abogado representante señaló que "estamos preparando el requerimiento a la Contraloría General de la República. Y otra cosa, ya hemos contactado a un concejal para que requiera el quórum mínimo necesario para presentar el requerimiento de destitución del alcalde actual y de la inhabilidad del alcalde anterior, por la gravísima negligencia en la licitación y en la ejecución en contra, insisto, de dictámenes de la autoridad máxima que tiene el municipio en esta materia que es el director de obras". 

"Los informes son categóricos, expresos en representarle a la máxima autoridad la ilegalidad que se está cometiendo en esta obra. Por lo tanto, no solo debiera responder el gobernador, por una parte, sino que el equipo directivo que llevó a cabo esta licitación, sino que la máxima autoridad de Puerto Aysén, así como en este caso el director de Secplan, que tiene un informe justificando y aminorando la responsabilidad del municipio como una forma de decir, 'vamos a tratar este problema que está lo vamos a suavizar'. Aparte, por supuesto, de otros funcionarios menores que tal vez atendido que fueron estamos en un régimen jerárquico, por supuesto", señaló el jurista.

Dolor de las familias

Finalmente, el abogado de las cerca de 70 familias de Puerto Aysén cree que hasta el día de hoy no se han realizado medidas concretas y reales que aminoren el dolor causado a las personas afectadas. Además, y en torno a las responsabilidades, en el Concejo Municipal de Aysén se habrían reconocido las responsabilidades de esta casa edilicia por lo sucedido en el campo santo aysenino. 

"Hoy día no hay ninguna medida que vaya de alguna forma aminorarle ese dolor que tienen los familiares, porque no hay otro cementerio. Entonces, la situación es gravísima, la situación es, insisto, muy indignante. Por último, el municipio en una sesión del Consejo Extraordinario número 18 que se celebró en marzo, reconocen, expresa y claramente la responsabilidad que tiene el municipio en esta situación actual. Lo han reconocido en la prensa, en documentos oficiales, por lo tanto, yo esperaría que si el alcalde quiere de verdad solucionar este problema, si el gobernador quiere solucionar de verdad este problema, ellos deberían contactarse con la familia a través mío o a través directamente a las familiares y decirle: 'Vamos a llegar a un acuerdo con ustedes, vamos a solucionarles el problema, vamos a comprar otro terreno, vamos a licitar inmediatamente, por montos correspondan a la realidad, con un estudio de ingeniería que corresponda, para que sus familiares prontamente estén en un lugar decente y digno'".

Pronto el abogado Antoine Peñaloza Garrido viajará a la región para reunirse nuevamente con los afectados, con quienes buscarán solicitar al Fiscal Regional (s) de Aysén, que se designe un fiscal especial para investigar esta causa. Para ello, esperan acompañarse de autoridades parlamentarias del territorio.