La Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía Regional realizó diligencias por hechos ocurridos en la exadministración de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique a través de su alcalde, asesor jurídico y el Concejo Municipal. 

El trabajo desarrollado por el Ministerio Público, permitió la mañana de este miércoles formalizar al exedil y a otras seis personas por fraude al fisco.

Según lo informado por el fiscal jefe de Sacfi, Luis González Aracena, el delito investigado da cuenta de que "se llegaron a acuerdos que establecían pago de bonos que no tenían un sustento legal. Básicamente, están obligados actuando en contra un dictamen de Contraloría y que se estableció durante la investigación un mecanismo que permitía evadir lo dictaminado por la Contraloría General de la República y efectivamente pagar ese bono a asistentes de la educación".

El persecutor informa también que "el monto total es de alrededor de más de 300 millones de pesos, el cual se materializó a través de pagos, a través de demandas laborales, tanto de advenimientos como de ejecución, en los cuales tuvo participación el alcalde, el asesor jurídico y el concejo".

En esta causa, que incluye los años 2018, 2023 y 2024, el alcalde Carlos Gatica aparece como querellante, pero el fiscal Luis González, aclara que la investigación viene de antes, a raíz de un dictamen de Contraloría.

"El alcalde de Carlos Gatica aparece como querellante, pero esta investigación se tiene con anterioridad a esa administración, en atención a los informes de Contraloría. Las pericias fueron realizadas por la Policía de Investigaciones y también por peritos privados contratados por parte del Ministerio Público".

En esta etapa del proceso judicial, se estableció un plazo, la posibilidad de que los imputados puedan realizar sus descargos y solicitar alguna diligencia en torno a la investigación, manifestó González.

"El plazo de investigación es de 120 días, los imputados podrán efectuar algún tipo de descargo o algún tipo de diligencias que pedirán y la investigación se ha desarrollado en forma objetiva estableciendo obligaciones funcionarias que no se cumplieron y por lo tanto que son constitutivas de la hipótesis defraudatorias del erario fiscal".

Respecto de la pena que arriesgan los imputados, señaló que "se evaluará al momento de efectuar la acusación. Las sanciones establecidas en la ley parten en los 5 años y un día, pero en la práctica obviamente eso dependerá del curso de las diligencias de investigación", puntualizó el persecutor.