El cumplimiento de la ley es un imperativo para la institucionalidad ambiental. La superintendenta del Medio Ambiente Marie Claude Plumer dijo la siguiente frase en entrevista realizada a Diario el País "..recordemos que el desarrollo sostenible es el equilibrio perfecto entre el crecimiento económico y la protección ambiental. Sin duda, el cumplimiento ambiental es parte de las reglas del juego. No solo se trata de disponer de un permiso, en este caso de la Resolución de Calificación Ambiental; sino también de cumplir con ello y eso aplica para todo". Las discusiones de diversos proyectos de la región de Aysén, han abierto la discusión acerca de la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en Chile. Estas circunstancias no solo reflejan la aplicación rigurosa de la normativa ambiental, sino que también evidencian el compromiso del Estado por proteger áreas de alto valor ecológico. Estos casos demuestran que la institucionalidad ambiental está actuando con firmeza para garantizar que las actividades productivas no comprometan el patrimonio natural del país. Es por esto que, en la columna de esta semana, hablaremos de los avances del gobierno y como ello cobra especial relevancia a nivel regional.

La modernización de la legislación ambiental es clave para una gobernanza efectiva. La discusión legislativa actual en torno a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es un paso clave para fortalecer la gobernanza ambiental en Chile. Estas iniciativas buscan modernizar y dotar de mayores herramientas a las instituciones encargadas de fiscalizar y proteger el medio ambiente. La reforma a la SMA, por ejemplo, apunta a mejorar su autonomía y capacidad sancionatoria, mientras que el SBAP promete ser un avance significativo en la gestión de nuestras áreas protegidas. Estos proyectos legislativos reflejan un consenso transversal sobre la urgencia de contar con una institucionalidad ambiental más robusta y eficiente.

La implementación del Acuerdo de Escazú en Chile ha sido otro gran avance en la consolidación de la institucionalidad ambiental. Este tratado internacional, ratificado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y que fue el primer proyecto presentado al congreso, fortaleciendo los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, como una herramienta fundamental para enfrentar desafíos como la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y su aplicación ha permitido avanzar en la transparencia y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones ambientales. 

El cuidado de la institucionalidad ambiental es una responsabilidad compartida. Cuidar y fortalecer nuestra institucionalidad ambiental es una tarea que nos compete a todos. Las instituciones como la SMA, el SEIA y el futuro SBAP son pilares fundamentales para garantizar que el crecimiento económico no se dé a costa del medio ambiente. En los últimos años, hemos visto avances concretos, como la aplicación rigurosa de la normativa, la modernización de los marcos legales y la ratificación de acuerdos internacionales. Sin embargo, el desafío sigue siendo grande, y requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad. Solo con una institucionalidad sólida y respetada podremos asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Hacemos un llamado a cuidar nuestra institucionalidad ambiental; a los representantes de cargos de elección popular a nivel regional y nacional, a las empresas privadas y a las organizaciones no gubernamentales: es momento de trabajar unidos por el cuidado y respeto de la institucionalidad ambiental en Chile. Su fortalecimiento no es solo una responsabilidad del Estado, sino un deber de todos quienes habitamos este territorio. La protección de nuestro medio ambiente es la base para un desarrollo justo, equitativo y sostenible. ¡Actuemos hoy para garantizar un futuro sostenible para nuestro país!