Luego de más de un mes de movilización, los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), radicalizaron su movilización nacional a través de la toma indefinida de las direcciones regionales de la institución a lo largo de todo el país, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades respecto al futuro del organismo y a la inexistencia de diálogo con el director nacional de la institución, de quien esperan asuma las responsabilidades políticas de la crisis en la que se encuentra el servicio.

"Esta semana entramos en la semana 6 de movilización, la cual comenzó en rechazo del recorte presupuestario para el 2026, que significó la notificación a 38 funcionarios contratados por el Programa de Naciones Unidas (PNUD) de que su contrato finaliza el 31 de diciembre. No obstante, esta situación se viene arrastrando desde hace más de 5 años, donde nos hemos visto afectados por los continuos recortes presupuestarios en lo ítems de ejecución de programas, dejándonos en una crisis programática", señaló Octavio Yáñez, integrante del directorio de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias (Afinjuv).

Esta situación, se suma a que las autoridades han estado trabajando en una nueva institucionalidad que, según los funcionarios, ha sido elaborada de espalda a los trabajadores, así como también tampoco se ha invitado a participar a las juventudes que serán beneficiadas de este servicio.

Por su parte, la presidenta de la ANEF Aysén, Yéssica Almonacid, sostuvo que "la Asociación Nacional de Empleados Fiscales respalda plenamente la movilización de las y los funcionarios del Injuv, quienes hoy levantan una demanda legítima por estabilidad laboral, transparencia institucional y participación efectiva en las decisiones que afectan el futuro del servicio. No es posible que, en plena discusión presupuestaria, el Gobierno mantenga en la incertidumbre a trabajadoras y trabajadores que han sostenido por años la política pública de juventudes en la región de Aysén y  todo el país. Exigimos voluntad política para resolver esta crisis y terminar con el abandono institucional que hoy pone en riesgo no solo los empleos, sino también el derecho de las juventudes a contar con un Estado presente y comprometido". 

Principales antecedentes

Según la propuesta de Ley de Presupuestos 2026, actualmente en tramitación en el Congreso, Injuv enfrenta un recorte de 1.300 millones de pesos, monto que financia programas fundamentales como Hablemos de Todo, Compromiso Joven, Observatorio de las Juventudes y Voluntariado.

A ello se suma el término anticipado del convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscrito entre el Estado de Chile y dicho organismo internacional. Este acuerdo, vigente hasta diciembre de 2026, fue interrumpido recientemente, lo que pone en riesgo la continuidad de dos direcciones regionales -Maule y Aysén- y de 38 puestos de trabajo, afectando gravemente la presencia territorial del servicio y la visibilidad de su oferta pública.

Denuncias y exigencias

Hace dos semanas, Afinjuv, junto a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as de Servicios Relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Fenamias), entregó una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, solicitando la renuncia del director nacional del Injuv, Juan Pablo Duhalde, y su equipo de asesores.

El documento, también presentado por los funcionarios de todas las regiones del país a los Delegados Presidenciales Regionales, señala que "durante los últimos años, se ha constatado una falta total de liderazgo, planificación y capacidad de gestión, expresada en la ausencia de lineamientos estratégicos claros, en el debilitamiento de los equipos regionales y en el profundo abandono del diálogo institucional con las y los trabajadores del Servicio. Lejos de fortalecer el rol público del Injuv, las autoridades vigentes han contribuido a su debilitamiento estructural, poniendo en riesgo su legitimidad y su función estratégica en la política pública de juventudes".

Asimismo, las y los funcionarios denuncian la falta de espacios de participación y diálogo, pese a las reiteradas solicitudes para conformar instancias de trabajo conjunto en la definición de políticas internas. Según Afinjuv, esta actitud refleja un estilo de gestión autoritario y cerrado, contrario a los principios básicos de la administración pública, como la transparencia, la colaboración y el respeto al servicio público.

En la misiva también se advierte que las autoridades han estado elaborando una propuesta de nuevo Servicio Nacional de las Juventudes desde enero de 2025, sin participación ni consulta a las y los trabajadores.

Precarización laboral y falta de visión estratégica

Las dirigencias denuncian además que la situación del Injuv se agrava bajo un escenario de creciente precarización laboral, producto de decisiones administrativas que debilitan los equipos y deterioran las condiciones de trabajo.

Paralelamente, advierten que la actual dirección no ha sido capaz de generar nuevas propuestas programáticas que fortalezcan la oferta pública del Servicio ni que respondan a las necesidades de los casi 4 millones de jóvenes que constituyen su público objetivo.

Finalmente, subrayan que desde el año 2021 se ha observado una sostenida disminución del presupuesto institucional, afectando directamente la capacidad del Injuv para implementar políticas y programas que impacten efectivamente en los territorios.