Tras conocerse esta situación, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó a la Fiscalía Oriente continuar con la indagatoria, que se suma a una investigación ya en curso por licencias médicas fraudulentas. Pero ¿qué arriesgan aquellos funcionarios públicos en caso de que se compruebe el uso de licencias médicas falsas?

El abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, explica que, si un funcionario público defrauda al Estado en el ejercicio de su cargo, puede enfrentar penas de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Si el monto del perjuicio supera las 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la pena se eleva a presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. En casos donde la defraudación exceda las 400 UTM, la sanción puede alcanzar el presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Además, Guerra advierte que la falsificación o alteración de documentos -como licencias médicas- por parte de un funcionario también puede ser sancionada penalmente, con penas que van desde presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo, dependiendo de la gravedad del acto.

En el plano administrativo, agrega el académico, la destitución procede si los hechos vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, en casos como: ausentarse por más de tres días sin justificación o ser condenado por delitos relacionados con su función pública.

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