El sistema Penitenciario chileno ha sufrido una serie de cambios relevantes durante los últimos años que nos han obligado a ir adaptándonos a una nueva realidad que requiere mayor exigencia en lo operativo, mayores recursos desde la perspectiva administrativa y que además traen aparejados cambios normativos.

Si en el año 2022 eran alrededor de 41 mil las personas privadas de libertad a nivel nacional hoy bordean los 66 mil, este aumento explosivo está por sobre el número de plazas existentes según capacidad de diseño, y un aumento en número de personas privadas de libertad requiere aumento del número de dotación de funcionarios.

Evidentemente, estamos adoptando todas las medidas para adecuarnos lo más rápido posible al escenario actual, se está trabajando en la ampliación de plazas proyectándose nuevas unidades penales, también se requiere hacer crecer nuestro plantel de formación, aspiramos a ampliar en el mediano plazo la capacidad de nuestra Escuela Institucional para mil gendarmes alumnos, en paralelo trabajamos en la profesionalización de nuestras escuelas y además estamos en un proceso de transición desde el Ministerio de Justicia y DDHH hacia el de Seguridad Pública.

Si miramos las cifras regionales, al 30 de abril del año 2022 la población penal llegaba a las 226 personas privadas de libertad, a igual fecha del año 2026 llegábamos a las 385, es decir un aumento de alrededor de un 70%, teniendo a nuestras dos principales unidades penales sobre pobladas respecto de su capacidad de diseño, siendo el CDP de Puerto Aysén el recinto que debió absorber gran parte del aumento de la demanda, pues pasó de operar al 50% de su capacidad con 55 personas recluidas a alrededor del 150% con 159 personas privadas de libertad.

La criminalidad también registra cambios importantes, hoy forma parte del lenguaje habitual referirse al crimen organizado, fenómeno que evidentemente tiene sus variantes en el contexto penitenciario, dicho de otra forma, nos enfrentamos a cambios cuantitativos, pero también cualitativos, lo que nos obliga a cambiar las formas de gestionar la seguridad, readecuar planes de segmentación y reforzar procedimientos operativos.

Para dar respuesta a lo que la realidad nos demanda, contamos con un plan de infraestructura nacional, que en nuestro caso se traduce en una nueva cárcel para Coyhaique, que ya cuenta con parte de su financiamiento a través del Pedze. También se creó el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, medida que tiene un correlato con nuestro paso a formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a través de una reforma constitucional, promulgada por el Presidente y que equipara a nuestra institución con Carabineros y la PDI, integrándola al Ministerio de Seguridad Pública para combatir de manera más unificada el crimen organizado. En definitiva, somos una institución que evoluciona y se proyecta hacia el futuro.