A primera vista, comparar una región austral chilena de cien mil habitantes con Islandia o con la Isla Sur de Nueva Zelanda (ISNZ) parece un ejercicio caprichoso. Pero las cifras desmienten la intuición: Aysén tiene una densidad poblacional de 0,93 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a las zonas más despobladas de Islandia, y comparte con la Isla Sur la dependencia de una matriz productiva basada en recursos naturales —salmonicultura, ganadería, turismo, energía—. Aysén tiene mucho más en común con esos territorios que con Santiago u otro lugar de Chile. Por eso, mirar cómo se gestionan los residuos domiciliarios en esos lugares no es solo un ejercicio académico: es una pista concreta sobre qué condiciones hay que construir aquí, en una región con características sociodemográficas particulares, para mejorar la gestión de residuos.

La primera lección es que la gestión de residuos no se resuelve solo con infraestructura: se resuelve con personas formadas. Islandia ha sostenido durante décadas un esfuerzo sistemático de educación ambiental, con programas escolares y campañas temáticas rotativas —un año son los plásticos, textiles el siguiente, electrónicos después— lo importante es llegar a toda la población. Por otro lado, la ISNZ articula su estrategia nacional Te Rautaki for Waste (estrategia de residuos en Maorí) con planes comunales y con escuelas, además de estandarizar nacionalmente lo que se recicla en cada vereda. Aysén, en cambio, tiene una universidad regional creada apenas en 2015 y un Plan de Educación y Conciencia Ambiental que recién se está diseñando. Naturalmente hay brechas urgentes, la principal: capacidades humanas instaladas en cada comuna.

La segunda lección es la importancia de la gobernanza supracomunal. Islandia opera bajo SORPA, una empresa regional propiedad de varios municipios del área metropolitana de Reikiavik, que da servicio al 62% del país desde un único operador integrado. La Isla Sur articula sus consejos territoriales con instrumentos nacionales como el Waste Disposal Levy, que en 2024 alcanzó los 60 dólares neozelandeses por tonelada (?31.000 pesos chilenos). Aysén, en cambio, tiene diez comunas operando cada una su propio sistema y en varios un sistema por localidad, con capacidades muy desiguales: mientras Coyhaique concentra el 57% de la población regional, comunas como O'Higgins o Tortel manejan poblaciones de cientos de habitantes en territorios de miles de kilómetros cuadrados. Sin una gobernanza supracomunal —no necesariamente un operador único, pero sí coordinación regional efectiva— ningún sistema será sostenible. Aquí el Gobierno Regional es el actor estratégico. 

La tercera lección es que ningún municipio resuelve esto solo, y ninguna empresa tampoco. Los modelos exitosos articulan al sector público, al sector privado y a la comunidad organizada. En la ISNZ, los consejos territoriales coordinan con la industria láctea para gestionar plásticos agrícolas; en Islandia, los acuerdos sectoriales con la pesca y el aluminio definen metas conjuntas de prevención. En Aysén, donde la salmonicultura aporta más del 25% del PIB regional y la actividad turística se concentra estacionalmente en pocas semanas del año, no hay forma de avanzar sin una mesa permanente que reúna a gremios, municipios, organismos públicos, organizaciones territoriales y emprendedores locales. El Mapa de Actorías desarrollado por Bioaqua en el estudio regional es un primer paso valioso, pero requiere institucionalizarse para que la coordinación deje de depender de la voluntad de personas individuales.

La cuarta lección, y quizás la más exigente, es que todo esto requiere capacitación constante. Una campaña no cambia hábitos; un curso aislado no instala capacidades. Lo que caracteriza a Islandia y a la Isla Sur de Nueva Zelanda es que llevan décadas formando monitores, actualizando protocolos, evaluando resultados y reinvirtiendo en formación. La Academia de Monitores para Aysén que se propone en el Plan de Educación y Conciencia Ambiental que ha diseñado Bioaqua apunta en esa dirección, y la articulación con OTECs, y el uso responsable de la franquicia SENCE pueden multiplicar el impacto sin disparar los costos. El seminario regional que se aproxima es una oportunidad concreta para discutir cómo se traducen estas cuatro condiciones —educación, gobernanza, coordinación y capacitación continua— en una hoja de ruta realista para los próximos años. Aysén no necesita inventar la rueda: necesita aprender de quienes ya recorrieron este camino con condiciones territoriales muy similares y adaptarlas estratégicamente en su territorio.

Columna de opinión · En el marco del seminario regional sobre modelos de gestión de residuos