Con el objetivo de destrabar y ejecutar finalmente la licitación de la Zona Franca para Aysén, el Gobierno Regional ingresó una contienda de competencia ante la Contraloría General de la República. Esta acción administrativa busca que se le otorgue al organismo regional la facultad legal para llevar a cabo el proceso, la cual fue declarada admisible por el ente fiscalizador a comienzos de febrero, dando inicio formal a su tramitación.

La concreción de este proyecto ha sido calificada como una iniciativa prioritaria por la administración del gobernador regional, Marcelo Santana Vargas. Sin embargo, el proceso se ha visto postergado debido a la falta de gestión por parte de los organismos del gobierno central (el Ministerio de Hacienda y la Delegación Presidencial Regional) que actualmente ostentan la titularidad legal para realizar la licitación.

Frente a este escenario de estancamiento, la máxima autoridad regional expresó su postura crítica respecto al manejo del proyecto por parte del nivel central. "No nos cabía ninguna duda que el gobierno actual no iba a hacer nada por echar a andar la Zona Franca de la región de Aysén, que es una ley de más de 10 años, pero que en este gobierno en particular no se avanzó ni un centímetro. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Creemos que estas leyes de excepción son fundamentales para la reactivación económica y para la promoción de la inversión privada en nuestra región (...) No podemos depender del centralismo para promover políticas que generen desarrollo y que generan movimiento económico en nuestra región", enfatizó el gobernador Marcelo Santana Vargas.

La autoridad regional destacó que la Zona Franca es clave para diversificar la matriz productiva y generar empleo en el territorio, por lo que el Gobierno Regional agotará todas las vías institucionales para su materialización. Cabe recordar que este proyecto data del año 2013, cuando se habilitó mediante decreto tras reconocer el aislamiento geográfico de la región, y tuvo su último avance concreto en 2016 con la compra de 20 hectáreas para las instalaciones.

A través de esta contienda de competencia, mecanismo utilizado para resolver conflictos de atribuciones entre autoridades administrativas, se espera que la responsabilidad de la licitación sea traspasada al Gobierno Regional. Actualmente, la Contraloría ya cuenta con los informes solicitados a la Delegación Presidencial, la Seremi de Economía y las subsecretarías del Interior y Hacienda para resolver el requerimiento.