Desde marzo de este año, con el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, el MEPCO se ha convertido en un concepto habitual en la discusión económica. Semana a semana, aparece en los noticieros y en las declaraciones de expertos cada vez que los precios de los combustibles experimentan variaciones importantes.

Y no es casualidad. Chile depende de los mercados internacionales para abastecerse de petróleo, por lo que está especialmente expuesto a sus fluctuaciones. Cuando sube el precio del crudo, el efecto no se limita a llenar el estanque del automóvil: también aumenta el costo de transportar alimentos, distribuir mercancías y producir bienes y servicios. En definitiva, los combustibles influyen directamente en el costo de vida y en el funcionamiento de nuestra economía.

Lo anterior quedó en evidencia durante la crisis de los combustibles de este año. La modificación aplicada en marzo buscó limitar el costo fiscal de una amortiguación más gradual de las alzas, permitiendo que las variaciones internacionales se reflejaran con mayor rapidez en los precios locales. En análisis de instituciones que siguen el comportamiento del precio de los hidrocarburos, se ha mostrado la magnitud de esta disyuntiva: mantener una trayectoria de ajustes más graduales habría implicado un costo fiscal considerablemente mayor que el observado bajo el funcionamiento efectivo del mecanismo.

¿Qué significa esto? Que una protección más intensa habría reducido el impacto inmediato sobre los consumidores, pero habría exigido mayores recursos públicos. La decisión adoptada permitió contener ese costo, a cambio de un traspaso más rápido de las alzas. En otras palabras, el costo del petróleo no desaparece. La discusión consiste en determinar cuánto absorbe el Estado y cuánto termina pagando directamente el consumidor.

Durante 2025, el impuesto específico a los combustibles generó ingresos fiscales cercanos a los $2,88 billones, según las estadísticas de la Dirección de Presupuestos. Esta cifra permite dimensionar la relevancia de este tributo para las finanzas públicas.

A ello se suma el IVA asociado a la comercialización de combustibles. Sin embargo, no corresponde confundir esa recaudación con los ingresos totales por IVA, que incluyen el conjunto de bienes y servicios gravados de la economía.

¿Por qué importa esta distinción? Porque el Estado recauda impuestos por la venta de combustibles, pero el MEPCO también modifica los ingresos fiscales mediante sus ajustes al componente variable del impuesto específico.

Por lo tanto, no basta con observar cuánto recauda el Fisco. También es necesario considerar el efecto que tiene el mecanismo sobre esos ingresos y el costo de amortiguar las variaciones de precios.

¿Significa que el Estado recauda más cuando sube la bencina? No necesariamente.

Si el petróleo se mantiene elevado, persistirá la presión sobre los precios locales. Si retrocede, el escenario podría mejorar, aunque la velocidad del ajuste dependerá de las condiciones del mercado y de los parámetros del mecanismo.

Más allá de estas variables, hay una consecuencia que merece atención: un aumento sostenido del diésel encarece el transporte de carga y la distribución de mercancías. Si esas alzas se prolongan, pueden trasladarse a otros precios y dificultar la convergencia de la inflación.