La madrugada del pasado domingo 27 de julio, la comuna de Chile Chico vivió uno episodio de violencia inusitada, poco habitual. En apenas 45 minutos, tres imputados cometieron una serie de delitos que incluyeron el uso de bombas molotov, destrucción de la propiedad o daños, violación de morada, agresiones físicas y, trágicamente, el asesinato de un joven de tan solo 19 años.

Además de esta víctima fatal, ocho personas resultaron heridas. Incluso un carabinero fue brutalmente atacado y la comunidad se vio impactada por el nivel de violencia. En este caso, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los imputados, la cual fue decretada por el Juzgado de Garantía por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y de las propias víctimas.

Frente a este tipo de hechos, cabe preguntarnos sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo, incluso en los territorios con menor población y tradicionalmente más tranquilos como Chile Chico u otros. ¿Por qué llegamos a este punto donde hechos de tal violencia, amenazan -en ciertas ocasiones-, la paz de nuestras comunidades?

Por décadas, hemos asociado los episodios de violencia o delitos complejos con las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Antofagasta o Concepción, u otras. Sin embargo, la violencia no se circunscribe a un lugar específico o a las grandes urbes. Ahora incluso las comunidades pequeñas, donde todos se conocen, donde la cercanía y la confianza son parte del tejido social, son también golpeadas esporádicamente por hechos de violencia de los cuales no podemos estar ajenos.

No se trata solamente de los delitos cometidos, sino del impacto que estos dejan en la ciudadanía, porque el miedo va destruyendo la confianza de las personas. Por lo mismo, como instituciones públicas debemos hacer todo lo posible por apoyar la seguridad no solo física sino también emocional de nuestras comunidades.

Junto con las sanciones penales para cada autor de un delito, lo que necesitamos construir es una cultura de prevención que atraviese todos los niveles de la sociedad, abarcando la   familia, el entorno escolar y el trabajo constante y cercano con dirigentes de las propias Juntas de Vecinos. Sobre este último punto, como Fiscalía dialogamos habitualmente con lideres sociales y vecinales, especialmente de Coyhaique, para explicar el proceso penal y responder consultas a fin de que la información que se comparta también pueda fluir hacia las propias comunidades  

Las señales de riesgo de violencia están muchas veces presentes. Por ejemplo, jóvenes que abandonan el sistema escolar, consumo problemático de alcohol o drogas, entornos familiares complejos, violencia intrafamiliar, entre otros factores. ¿Estamos atentos como funcionarios públicos y también como comunidad a esas señales?

Creo que la prevención de la violencia debe comenzar desde la infancia, con educación emocional, con acompañamiento a las familias, con un Estado que llegue efectivamente a los territorios más alejados. Y eso requiere recursos humanos y materiales, voluntad de las instituciones públicas, pero por sobre todo, compromiso con nuestra sociedad.

La paz no solo es la ausencia de delitos. La verdadera paz es el fruto de una convivencia basada en el respeto. Y en eso, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir: desde las autoridades hasta el vecino que observa un delito o un cambio preocupante en su entorno. Toda comunidad, por pequeña que sea, merece vivir sin miedo.