La justicia investiga a exautoridades de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique quienes, entre 2018 y 2019, idearon y ejecutaron un sistema para eludir un dictamen de la Contraloría General de la República que era categórico: el pago de un bono compensatorio a asistentes de la educación municipal era ilegal. Para burlar la prohibición, promovieron demandas ficticias contra el municipio para luego celebrar acuerdos extrajudiciales que les permitieron desembolsar más de 400 millones de pesos de fondos municipales.

El caso se remonta a un dictamen (N° 32.378) emitido por la Contraloría General de la República el 5 de septiembre de 2017, a raíz de una consulta de otra municipalidad. El ente fiscalizador fue claro: la bonificación compensatoria no imponible establecida en la ley 20.717 solo aplicaba para funcionarios de planta y contrata del estatuto administrativo, y no para los asistentes de la educación, quienes se rigen por el Código del Trabajo. Ante esto, la Municipalidad de Coyhaique, que venía pagando el bono desde 2014, lo suspendió en junio de 2018, generando el reclamo de los trabajadores.

Fue entonces cuando, el entonces exalcalde y su director jurídico, cuyos nombres no pueden ser publicados por orden judicial, idearon un mecanismo para retomar el pago burlando la ley. La estrategia consistió en instar a los asistentes de la educación a demandar al municipio. Una vez interpuestas las demandas, el mismo equipo legal municipal, en connivencia con el abogado de los demandantes, propuso celebrar "avenimientos" o acuerdos extrajudiciales que reconocían el supuesto derecho al bono.

El sello de la ilegalidad

El mecanismo requería la aprobación Concejo Municipal para disponer de los fondos. En sesiones celebradas en octubre de 2018 y febrero de 2019, y con la presencia de director jurídico exponiendo el dictamen contralor que explicitaba la ilegalidad del pago, los concejales aprobaron por unanimidad los acuerdos (N° 553 y 635) que autorizaban los avenimientos. 

De esta forma, con pleno conocimiento de la ilegalidad, avalaron el desembolso de $56.372.097 para el primer grupo de demandantes y $3.455.127 para un segundo grupo.

El mecanismo

Los avenimientos no solo condonaban las deudas pasadas, sino que además obligaban al municipio a continuar pagando el bono trimestralmente "mientras se mantuvieran vigentes los contratos", expresó el fiscal Luis González en la audiencia de formalización.

Así se creó una obligación perpetua e ilegal. A pesar que una resolución posterior de la Contraloría Regional en 2020 reafirmó la ilegalidad de estos acuerdos, para entonces ya se habían girado más de diez decretos de pago por montos que superan los 400 millones de pesos, dinero que fue detraído ilegítimamente de las arcas municipales.

La maniobra se desmoronó cuando el municipio, acatando el nuevo dictamen, suspendió los pagos. Los trabajadores, amparados en los avenimientos judicializados, iniciaron demandas ejecutivas para cobrar las cuotas adeudadas, forzando al municipio a pagar sumas millonarias adicionales con intereses y reajustes, profundizando el perjuicio económico al Fisco.

Defensa: "Ninguno (de los acusados) se benefició personalmente con los recursos municipales"

Ninguno de los imputados quiso referirse a la formalización de cargos por parte de fiscalía. Sólo Ricardo Flores, defensor local jefe de Coyhaique, quien representa a algunas de las exautoridades municipales, tuvo palabras para la situación que enfrentan sus acusados, ante lo cual señaló que se trata de una causa compleja y que recién comienza, "mis representados han estado siempre disponibles y ubicables por la justicia, dispuestos a colaborar para que esta situación se aclare (…) Ninguno de ellos se benefició personalmente con los recursos municipales, nadie se quedó con un centavo de estos dineros, que fueron pagados a las y los asistentes de la educación en la comuna de Coyhaique", dijo el defensor.

Medidas cautelares

Todos los imputados, en su calidad de coautores, fueron formalizados por el delito de fraude al Fisco (artículo 239 del Código Penal), por un monto que supera las 400 unidades tributarias mensuales. 

Se estableció que los acusados quedaran con arraigo nacional y se dio un plazo de investigación de 120 días.

Así, la justicia deberá determinar las responsabilidades penales en esta causa, por presunta corrupción administrativa, de estas exautoridades comunales que pudieran tener penas que llegan a los cinco años y un día de presidio.

Cabe señalar que es posible que a los siete imputados se sumen nuevas formalizaciones a personas que eventualmente podrían haber tenido participación en esta confabulación administrativa, entre ellos, un conocido abogado externo al municipio, quien habría actuado a favor de las partes encontrando los supuestos resquicios legales que permitieron llevar a cabo este fraude a las arcas fiscales.