Con el objetivo de asegurar el correcto uso de las viviendas sociales entregadas por el Estado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región de Aysén está desarrollando un plan de fiscalización en distintos sectores del territorio regional, enfocándose principalmente en conjuntos habitacionales entregados durante los últimos años.

La iniciativa es liderada por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Rojas, en coordinación con la Dirección Regional del Serviu, y busca verificar que las viviendas se encuentren efectivamente habitadas por sus beneficiarios y que no estén siendo destinadas a fines distintos de aquellos para los que fueron otorgadas.

Entre los aspectos revisados durante las inspecciones se encuentra que los inmuebles no estén siendo arrendados, cedidos a terceros o utilizados para actividades ajenas a la habitación familiar, ya que estas situaciones contravienen la normativa vigente que regula los beneficios habitacionales.

Las fiscalizaciones ya se han desarrollado en Puerto Aysén y en otras localidades de la región, y continuarán extendiéndose a distintos puntos del territorio, como parte de un trabajo permanente del Minvu y el Serviu.

"El Plan de Fiscalización que hemos trabajado parte en Aysén, que es a nivel regional, hemos podido estar en Cochrane también realizando fiscalizaciones a los proyectos habitacionales, en Coyhaique en los distintos lugares, Balmaceda, donde ya estamos terminando una primera fase de fiscalización y de acuerdo a lo que nos exige la ley", señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Rojas. 

Pronto viene una nueva etapa, indicó la autoridad sectorial, "una segunda etapa que muchas familias esperan, que es, el inicio de los procedimientos judiciales de recuperación de las viviendas sociales, para pasar a luego a la etapa de asignación de esas viviendas a casos sociales urgentes que tienen una necesidad habitacional". 

El seremi Fabián Rojas ha reiterado que el propósito de estas acciones es resguardar el buen uso de los recursos públicos y garantizar que las familias beneficiadas ocupen las viviendas desde el momento de su entrega, utilizándolas como su residencia habitual y cumpliendo con las obligaciones establecidas por la normativa.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo enfatizaron que estas fiscalizaciones también buscan fortalecer la transparencia del sistema de asignación de viviendas sociales y asegurar que este importante beneficio llegue y permanezca en manos de quienes realmente lo necesitan y cumplen con las condiciones establecidas.