Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos tenido que luchar incansablemente con el mandato de género impuesto, que nos niega o restringe ser parte de varios espacios. Hemos sido castigadas duramente cuando rompemos o pasamos la cerca de lo que se espera de nosotras. La sociedad nos lápida con más fuerza, por ejemplo, cuando no seguimos los patrones de maternidad que se esperan o no queremos ser madres, como si la maternidad fuese nuestro objetivo principal. Imagina entonces qué ocurre con una mujer que comete un delito, pierde su libertad y debe separarse de sus hijos e hijas para ingresar a un recinto penitenciario. 

Rompió el mandato social que la obliga a mantenerse alejada de estas situaciones y, por lo tanto, es más castigada socialmente que los hombres. Esta situación se observa en Latinoamérica, Chile y, por supuesto, en nuestra región de Aysén. Al castigo sociocultural se suma el hecho de que las cárceles están construidas y pensadas para hombres. En Chile, de 83 recintos penitenciarios, solo 5 son para mujeres, y el resto (19) son mixtos con secciones femeninas que muchas veces carecen de infraestructura adecuada y de planes que apunten a la reinserción social.

Esta realidad es desconocida para la mayoría. La opinión pública castiga fuertemente a las mujeres presas. Esto se refleja al leer comentarios en noticias o artículos que evidencian las malas condiciones en que se encuentran, como en la cárcel de Coyhaique. Según el diario El Divisadero, "la sección femenina ocupa 86 m², mientras que el Centro de Cumplimiento Penitenciario coyhaiquino tiene 1.664 m² construidos. Es decir, las mujeres ocupan solo el 5,16% de la superficie total". 

Esto evidencia el hacinamiento extremo y el desarraigo que sufren, ya que la sección femenina está en la capital regional y las mujeres provienen de distintos puntos de la región, impidiendo que sean visitadas por sus familias e hijos. Esto contrasta con la realidad de los hombres, quienes cuentan con más recintos penitenciarios en la región.

El abogado de la Defensoría Penal de Coyhaique comenta en una entrevista radial "las mujeres imputadas y condenadas no pueden estar juntas en un mismo espacio. Sin embargo, dado que la sección femenina del penal tiene dimensiones insuficientes, se genera la terrible situación de que son desencerradas por turnos. Así, pasan 21 horas en piezas pequeñas, hacinadas y sin buena ventilación, y solo acceden a 3 horas de patio, que en realidad es un recinto un poco más grande".

Estas condiciones vulneran los derechos de las internas. No debemos olvidar que, aunque pierdan su libertad, siguen siendo seres humanos con derechos que deben ser respetados. Los derechos humanos tienen ciertas características esenciales: son universales, indivisibles, integrales, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. No se pueden negar ni ceder, y nadie puede limitarlos salvo en situaciones excepcionales reconocidas por la ley. Es importante tener claras estas características al opinar o emitir juicios sobre una mujer privada de libertad, independientemente del delito cometido o su género. Las condiciones carcelarias para hombres y mujeres deben ser, al menos, similares en cuanto a oportunidades de esparcimiento, desarrollo personal y acceso a salud y educación. Debemos acabar con esta desigualdad.

En los últimos meses, se han entregado buenas noticias respecto a la infraestructura para las 14 internas en Coyhaique, gracias a una denuncia de la Defensoría Regional de Aysén y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se estableció la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad Coyhaique, liderada por la Seremi de la Mujer. En agosto, Gendarmería informó que se habilitaría el pabellón de imputados con acceso a baños y agua potable, y se abrirá una sección femenina en la cárcel de Puerto Aysén para aliviar el hacinamiento. Estas nuevas dependencias se inauguraron en diciembre. Ahora, el desafío es entregar herramientas reales de reinserción social mediante talleres, capacitaciones y actividades que favorezcan la salud mental y habilidades de estas mujeres para mejorar sus vidas al salir de la cárcel. 

Como Redapef, un grupo de profesionales de las ciencias sociales vinculadas a la educación, consideramos imperante que estas mujeres no queden en el olvido ni vuelvan a ser invisibles. Las mejoras en infraestructura son un gran avance, pero no lo único necesario para respetar su dignidad. Muchas de estas mujeres eran y son el sustento de sus familias, y al estar privadas de libertad no pueden contribuir monetariamente a sus hijos. Por ello, es relevante buscar formas de capacitarlas laboralmente y permitirles vender los productos que realicen en la cárcel. Es hora de que el Estado adopte una perspectiva de género en las futuras políticas carcelarias en Chile para disminuir la brecha entre mujeres y hombres privados de libertad. 

Aunque las mujeres representan una minoría en el total de personas encarceladas, merecen vivir dignamente y recibir los apoyos necesarios para su rehabilitación en la sociedad. Esto es especialmente importante considerando que muchas son madres y jefas de hogar. Si se vulneran sus derechos, también se afectan los derechos de sus hijos e hijas.