En 2023 el consejo de administración de la empresa Joyvio envió un informe a la bolsa de valores de China en Shenzhen, en el cual consignó una forma de operación generalizada en el sector salmonero en Chile.  

El hecho contrasta con la ofensiva del sector, donde algunas empresas han acusado ánimo persecutorio porque la Superintendencia del Medio Ambiente hoy les exige cumplir la ley. Una fuerte controversia se ha generado en los últimos días producto de los procesos sancionatorios que ha impulsado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de diversas salmoneras acusadas de sobreproducción, incluso dentro de parques nacionales, y elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Lo cierto es que, según se ha consignado, durante años la industria operó bajo un modelo donde producir por sobre lo permitido era una práctica habitual. Esto, a pesar de infringir los límites establecidos en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y los proyectos técnicos. Hasta 2020 la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no fiscalizó ni aplicó la ley a este tipo de incumplimientos, no actuando cuando las empresas del sector sobrepasaban los volúmenes de producción autorizados, lo que evidenciaba un criterio laxo en la fiscalización estatal.

Hace cinco años esto cambió, cuando la SMA comenzó a aplicar la normativa.

Así queda establecido en un reciente reportaje del equipo de investigación de Radio Bio Bio, en el cual se reveló que Joyvio, la empresa china que adquirió Australis Seafoods en 2019 y hoy tiene demandado al ex propietario Isidoro Quiroga, emitió un informe que devela esta situación. Éste fue presentado el 30 de enero de 2023 ante la bolsa de valores de China en Shenzhen, firmado por el consejo de administración de la empresa.

Explica el reporte que en Chile la producción de salmones se regula mediante dos procedimientos: por una parte, con límites a la cantidad de alevines (crias recién nacidas de peces); y por la otra, con un máximo de peso total de la cosecha.

"Hasta 2020, la industria solía cumplir estrictamente con el primer tipo de regulación, mientras que la supervisión del segundo tipo era relativamente laxa. La mayoría de las empresas de acuicultura sobreproducían en diversos grados", afirmó Joyvio en el documento.

Este criterio permitió que múltiples compañías operaran con volúmenes superiores a los autorizados sin consecuencias legales. "A partir de 2021, las autoridades reguladoras comenzaron a fortalecer el control sobre el segundo tipo de regulación, y la mayoría de las empresas de acuicultura en Chile recibieron notificaciones de infracción por sobreproducción", explicó la empresa en el escrito a las autoridades chinas.

De hecho, la autodenuncia efectuada por la empresa Joyvio permitió conocer el siguiente dato: en el período 2018-2022 se detectó una sobreproducción total acumulada de 81.000 toneladas.

Esto da cuenta de que existía un modelo de negocios basado en la sobreproducción sistemática, vulnerando lo aprobado originalmente. Y aunque ha quedado en claro el cuestionable modus operandi, la respuesta de algunas empresas del sector ha sido doblar la apuesta y acusar de ánimo persecutorio al organismo fiscalizador ambiental cuando se les exige cumplir la ley, lo cual ocurrió a partir del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Los efectos de esta práctica no sólo recaen en incumplimientos legales, sino también en graves impactos ambientales, como la alteración de ecosistemas marinos y la proliferación de zonas anaeróbicas en el fondo del océano donde se instalan las jaulas, lo cual es más grave cuando ocurre al interior de áreas protegidas. 

La reciente aplicación de sanciones y una mayor vigilancia plantean un nuevo escenario para la industria, que ahora enfrenta el desafío de adaptarse a una normativa que, si bien siempre existió, no había sido estrictamente aplicada.