La idea filosófica de justicia nos indica que  todas las personas deben ser tratadas de manera imparcial, justa, adecuada y razonable por la ley y por los árbitros de la ley. Cumpliéndose este principio ético se lograría una sociedad armoniosa, donde sus miembros convivirían sanamente entre ellos. Para garantizar  la nombrada convivencia social es necesaria la creación de normas jurídicas que aseguren la protección de los derechos humanos y la igualdad, y esto se logra en  un Estado de derecho.

¿Esto es literatura en Chile o una realidad?

Veamos. Durante la dictadura pinochetista la aplicación de justicia fue una burla mortal, está fresca en la memoria la negación de los recursos de amparo (habeas corpus) presentados en las Cortes de Apelaciones y  la Corte Suprema, tanto por familiares de detenidos como por la Vicaría de la Solidaridad. Los tribunales los rechazaban basándose en los informes de los propios organismos represivos (DINA/CNI) que negaban la detención de las personas. La ineficacia del  Ministerio de Justicia  permitió las detenciones arbitrarias,  torturas, muerte, desapariciones. Lo que hubo fue mucho dolor ante tanta injusticia.

También debemos reconocer que en nuestro país, con o sin dictadura,  hay una clara desigualdad en la aplicación de justicia, siendo  emblemático el caso de los controladores del grupo Penta, Délano y Lavín, condenados a "clases de ética" por escandalosos delitos tributarios. Con plata la justicia deja de ser ciega, sorda y muda.

Pero hay que ser justos, también ha habido empeño por modernizar el aparataje judicial mediante políticas públicas garantes del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. A veces, proveniente de personas cercanas al tema, otras, desde la sociedad civil que ha buscado y encontrado los mecanismos para exigir dignidad, respeto y justicia.

Ejemplos claros de avances en esta materia han sido la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada; la creación de 29 Sitios de Memoria; la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos; Ley de Identidad de Género que permite a los mayores de 18 rectificar su nombre y sexo registral; Ley de Matrimonio Igualitario entre personas del mismo sexo y adopción homoparental; por nombrar algunas mejoras legales.

Con el gobierno ultraderechista de Kast es probable que estos adelantos en materia de justicia social se vean amenazados. Si cree que Krassnoff es un anciano amable que no merece estar en prisión, si no reconoce la existencia de la identidad de género, si cree que el lugar de la mujer está en la cocina, difícilmente aceptará los cambios que la  sociedad  requiere. 

Su eventual Ministro de Justicia y DDHH, Fernando Rabat, fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa del dictador Pinochet, probado asesino, corrupto y ladrón. Esta señal política es un riesgo concreto de retroceso en materias de verdad, justicia y no repetición.

Todas las personas, incluyendo a los que eligieron a Kast, deben defender los avances logrados en materia de justicia y derechos humanos, porque son la base (aunque aún incompleta) de relaciones sanas y armoniosas de todos los integrantes de la sociedad, sin discriminación.