Tras un proceso de 18 meses, el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique acogió la demanda de la periodista Paulina Schwaner, exfuncionaria de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), determinando que ese organismo vulneró su Garantía de Indemnidad al no renovarle la Contrata luego que ella denunciara acoso y maltrato laboral por parte de su jefatura, la ex seremi de Gobierno de Aysén.

"Durante 20 meses mantuve la convicción de que mi desvinculación no había sido una mera decisión administrativa, sino una vendetta política de parte de un "lote" del PS, por denunciar a una acosadora y maltratadora laboral militante de esa fracción socialista. Hoy, la justicia ha reconocido que yo tenía la razón", señaló la profesional.

Uno de los elementos considerados por el tribunal fue la comparación  entre el estatus laboral de la demandante y el de otra funcionaria contratada bajo iguales condiciones. La sentencia explicita que la Segegob incurrió en una diferencia de trato, es decir, discriminó a la periodista frente a la otra funcionaria cuya Contrata, al no haber hecho denuncia alguna, fue renovada automáticamente.

La decisión de sacar a Paulina Schwaner del Ministerio, fue adoptada por una autoridad del Nivel Central de la Segegob en noviembre de 2024 mientras estaba en curso un sumario administrativo abierto a partir de las denuncias por acoso y maltrato laboral contra la entonces seremi.

Asimismo, ya antes de su desvinculación, la Mutual de Seguridad había diagnosticado que la profesional sufría un trastorno adaptativo de origen laboral asociado -de acuerdo con los antecedentes médicos correspondientes- a una jefatura descrita como hostil y disfuncional.

"La autoridad que me desvinculó conocía las denuncias por acoso y maltrato, conocía la existencia de una investigación sumaria y conocía también los antecedentes relacionados con mi enfermedad laboral. Pese a ello, tomó la decisión de dejarme sin trabajo. Esa decisión hoy ha sido jurídicamente cuestionada y sancionada por un tribunal y el Estado deberá resarcir pecuniariamente el profundo daño que dicha autoridad me provocó", afirmó la ex funcionaria de la Segegob.

Más allá del resultado judicial, también sufrió daño moral, económico y profesional pues en los 20 últimos meses no pudo volver a ejercer de modo estable  su profesión, pese a buscar trabajo denodadamente y contar con una valorada trayectoria profesional a nivel nacional e internacional.