El próximo jueves dos de abril, entrará en vigencia la Ley 21.771, que ha incorporado la Fiscalía Supraterritorial en la estructura del Ministerio Público.
Es uno de los cambios institucionales más relevantes que ha experimentado el Sistema de justicia penal chileno en los últimos años. En términos simples, es un nuevo equipo de 35 fiscales, 43 profesionales, 14 técnicos y 6 funcionarios administrativos, con facultades para actuar en todo el territorio nacional, cuando los hechos investigados requieran una dirección suprarregional o incluso transnacional.
Su propósito es fortalecer la persecución de fenómenos criminales especialmente complejos, como el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos que operan simultáneamente en distintas regiones del país.
Frente a ese fenómeno, el Estado necesita instituciones capaces de coordinar investigaciones complejas, reunir información dispersa y enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
Desde la perspectiva de la Defensoría Penal Pública valoramos este avance en la capacidad de nuestro Estado para enfrentar delitos de mayor complejidad. Sin embargo, este cambio afecta el equilibrio del sistema de justicia penal, haciendo indispensable fortalecer a los demás órganos y servicios que lo componen.
Investigaciones más extensas, con múltiples imputados, y grandes volúmenes de antecedentes, implicarán también nuevos desafíos para la defensa pública. Se requerirán defensores con altos niveles de especialización, mayor preparación técnica y recursos suficientes para enfrentar litigios cada vez más complejos.
"Más dinero para los delincuentes", se podría pensar "¿Por qué el Estado debería proporcionar defensa de un abogado a las personas imputadas de cometer delito cuando éstas carecen de un abogado propio? Aquí es oportuno recordar que una persona sólo puede ser considerada delincuente cuando ha sido juzgado en un proceso penal, se ha comprobado que ha cometido un delito y un tribunal lo ha declarado culpable mediante una sentencia definitiva. Antes de eso, existe la posibilidad de que esa persona sea inocente. En www.proyectoinocentes.cl usted puede ver casos de personas que en definitiva fueron absueltas o sobreseídas, pero durante el proceso penal sufrieron el rigor de la privación de libertad y del estigma social.
El Sistema de justicia penal funciona sobre la base de un equilibrio institucional. La persecución penal de los delitos es una función y un deber del Estado, pero su ejercicio solo es legítimo en tanto no comprometa el acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y del derecho a defensa que tenemos todas las personas.
Por ello, el éxito de la Fiscalía Supraterritorial no dependerá únicamente de su capacidad investigativa. También será fundamental que tribunales, defensores, peritos y policías dispongan de los recursos para responder al mismo nivel de complejidad.